Proyecto Dominga: Un problema más profundo

Felipe Mancilla

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• Coescrita con Gonzalo Méndez, Magister en Políticas Públicas

De forma unánime, el Comité de Ministros rechazó el polémico proyecto Minero Dominga en la comuna de La Higuera, IV Región.

Si bien, la decisión adoptada desde un punto de vista político no es novedad, ya que solo viene a cumplir con la promesa de campaña por parte del Presidente Boric, sí causa preocupación el grado de vulnerabilidad de nuestra institucionalidad ambiental, compuesta por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los Tribunales Ambientales, entre otras, cuando las decisiones que deberían ser técnicas, se transforman en decisiones de tipo político-discrecional.

Lo anterior no es menor, ya que el Tribunal Ambiental de Antofagasta, el SEA y la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto sostienen, desde un punto de vista técnico, que el proyecto cumple la normativa, resguardando el patrimonio marino de la zona en cuestión, lo que luego fue reafirmado por la Corte Suprema, generando diferencias sustanciales entre las instituciones y autoridades regionales con el Gobierno Central.

Asimismo, resulta contradictoria la visión que se tiene del proyecto entre quienes toman las decisiones en Santiago respecto de los habitantes de la comuna de La Higuera, quienes a pesar de apoyar de forma mayoritaria el desarrollo de este proyecto, su opinión no fue considerada al momento de ser desechado por un Comité de Ministros reunidos a más de 500 km de distancia.

Con todos los antecedentes a la vista, es evidente que la institucionalidad ambiental requiere cambios profundos, partiendo por suprimir instancias tales como el Comité de Ministros o la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA), ambas instancias compuestas por autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la República. En su reemplazo, debería considerarse la creación de cuerpos técnicos y de instancias de evaluación por macrozonas, como lo contemplaba el proyecto de reforma del SEA del año 2019.

Tema aparte es el correlato del desarrollo territorial en Chile, el que al igual que en la comuna de La Higuera, requiere de inversión para hacer frente a la desigualdad y la cesantía con el fin de generar movilidad social. Lamentablemente, el Gobierno no tiene desarrollado un plan de contingencia -más allá del reciente anuncio de corte reactivo- ni menos, decisiones atractivas que permitan paliar la situación; muy por el contrario, la realidad es una larga lista de proyectos de inversión que aún esperan el llamado para ser concecionados, y un ambiente de incertidumbre que contagia al resto de los sectores productivos

Someter de esa manera al pueblo es triste e injusto para quien no lo merece.