Derechos humanos un programa de unidad para todas las fuerzas democráticas

Fernando Astudillo Becerra

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Fue  don Radomiro Tomic quien planteó como una de las tareas políticas fundamentales la de promover la unidad social y política del pueblo, sin embargo no hay que ser cientista social para darse cuenta de la facilidad con que las fuerzas progresistas logran la división, bajo distintas acusaciones cruzadas de amarillismo, traición, extremismo y un largo etcétera. Parece ser un gracioso regalo para la consolidación en el poder de la derecha política, y económica.  La pregunta es entonces ¿cómo se rompe con esa impresionante facilidad para dividirse?

Creemos que la respuesta está en el discurso de los derechos humanos, es allí donde podemos encontrar las bases políticas para materializar la unidad, ahí encontramos un programa político que puede provocar el consenso en las izquierdas y en todas las fuerzas democráticas, por las razones que a continuación expresaré.

Hace 50 años se inicia en Chile, en América Latina en realidad, un gran movimiento en pro de los derechos humanos que adquiere formas sociales y políticas, en algun modo también culturales, jurisprudenciales y legistativas.

Se puede decir que la base de este movimiento está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se considerará uno de los más importantes fundamentos de los tratados internacionales sobre esta materia y que ha inspirado un conjunto de formas de relación política e interpersonal en sociedades que sufren conflicto, represión en la lucha contra las injusticias, y en los esfuerzos por lograr hacer efectivos, universalmente, estos derechos. Así se constituye un sistema amplio, jurídicamente vinculante para los Estados en la promoción y la protección de éstos.

En América Latina las referencias obligadas son,  junto a la  Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969). El derecho constitucional de numerosos países latinoamericanos y de Chile incorpora en parte estos instrumentos y principios internacionales.  En consecuencia, no es un error considerarlos como valores consensuados que se expresan en instrumentos jurídicos, sociales y políticos para la satisfacción de las necesidades humanas.

Por tanto, las personas y sus comunidades no sólo constituyen un sujeto de los derechos humanos, sino también un objeto de acción social, política, jurídica para la satisfacción de las necesidades humanas y es el Estado que, como instrumento colectivo de la sociedad, está obligado a promover, permitir, proteger y proveer  su satisfacción.

En nuestro país y América Latina la mayoría de la población tiene enormes carencias económicas, sociales y culturales. Las necesidades humanas de grandes sectores de la población no están satisfechas.

Según los países, la gente vive en la pobreza o la extrema pobreza, está marginada de los mínimos servicios sociales, está desempleada o subempleada, y acusa bajos índices de desarrollo social y humano. Según estimaciones internacionales América Latina es la región con mayores desigualdades en el mundo.  Lo anterior quedó absolutamente visibilizado con la pandemia Covid19.

Chile ha descuidado, dolorosamente para su pueblo la implementación de estos derechos. Esto  se refleja en el funcionamiento y objetivos de las instituciones públicas que serían las encargadas de satisfacer las necesidades que se establecen en los pactos internacionales y contrasta además con los compromisos oficialmente acordados para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio establecidos por las Naciones Unidas.

Por otra parte, ya es un hecho que la globalización neoliberal no proporciona las condiciones adecuadas  para el pleno goce de estos derechos, por todos los sectores de la población. Las mayorías no están resguardados por los mecanismos jurisdiccionales. Su reconocimiento y su aplicación requieren de políticas públicas enfocadas hacia las necesidades específicas de determinados sectores de la población que hoy resultan incompletas e insuficientes.

Todas estas reflexiones permiten proponer a los derechos humanos como un programa político, como un plan de gobierno en el cual pueden converger todos aquelllos que nos comprometemos con la justicia social y la paz social.

Si sentamos las bases de la unidad en estos derechos y particularmente en tres  documentos  fundantes de los mismos, como son, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales allí tendremos los elementos ideológicos-políticos básicos que nos permiten la unidad, si en realidad la queremos.