Los resquicios legales 2.0
Al llegar a la Moneda, Salvador Allende tenía claras dos cosas: la primera, pretendía llevar adelante los procesos transformatorios para desarrollar "un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad", la llamada "vía chilena al socialismo". La segunda, que no tendría mayoría en el Congreso para hacerlos.
Así, encargó al afamado jurista Eduardo Novoa Monreal buscar normas existentes en desuso para avanzar, como el DL 520 de 1932, que permitía expropiar industrias en receso o que no producían artículos de primera necesidad. Así, sin necesidad de mover una sola coma a la legalidad vigente, estatizó Bellavista Tomé en diciembre de 1970, y posteriormente la Lanera Austral, Fiap Tomé y Fabrilana. Nacían así los llamados "resquicios legales".
Han pasado 55 años. Gabriel Boric lo parafraseó al ganar la elección en diciembre de 2021: "Debemos avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales sin dejar a nadie atrás". Boric y los suyos inicialmente pretendieron cambiar sin resquicios la Constitución para conseguir sus objetivos. Giorgio Jackson, decía que "hay cosas de nuestro programa que no se podrían llevar adelante con la Constitución actual" y para su gobierno aquello se volvió una prioridad.
El resultado de ese proceso lo conocemos: ante la derrota de 2022, su gobierno dejó de lado las transformaciones para simplemente administrar el modelo, ajustando su agenda a reformas puntuales, pero manteniendo a flote las AFP, las isapre, valorando la PGU del gobierno del Presidente Piñera y la democracia liberal.
Ahora, en las postrimerías del gobierno, Boric parece haberse reencontrado con Allende y su idea de usar resquicios legales. Y lo hace por medio de dejar varias normas "de amarre" a su sucesor. En el primero de ellos, designa como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas a la destacada abogada Patricia Muñoz, pero quien deberá estar al menos 6 meses con licencia por estar embarazada. Curiosa manera de poner en marcha una institución...
En el segundo, en el curso del protocolo de acuerdo del reajuste del sector público, pretenden obviar la discusión legislativa en forma para, con la excusa de dicha reforma, imponer un mecanismo que rigidiza la no renovación de funcionarios "a contrata". Una especie de "confianza legítima con esteroides", que reduce a dos años los cinco de permanencia en dicha calidad para poder gozar de cierta estabilidad. Además, en el mismo protocolo, propone ampliar el teletrabajo en la función pública con el objeto de proteger a quienes hoy están contratados y no ocupan espacios físicos en ministerios. Una mala práctica por donde se le mire.
El Presidente Boric nos ha señalado que "acá se gobierna hasta el último día, hasta el momento del cambio de mando el 11 de marzo". Deberemos estar atentos para evitar goles ideológicos de última hora. Quién sabe con qué otros "resquicios legales 2.0" nos iremos a encontrar...
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