Nuevos gobernadores y el futuro del proceso de descentralización

Pedro Fierro

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Imagínese que vive en una casa que necesita ser remodelada por el crecimiento de su familia. Pese a que varios expertos le sugieren no comenzar arreglando sus dos baños a la vez, decide hacerlo igualmente. "Así me presiono a terminar rápido con esto", se dice a sí mismo. Una vez comenzados los trabajos y con los baños ya destruidos, se da cuenta de que quizás esos expertos tenían razón. Deberá incurrir en costos adicionales y probablemente solicitar a algún amigo que lo aloje junto a su familia. Eligió el peor camino posible pero, aun así, no se le pasaría por la cabeza despedir a los maestros, pedirles que vuelvan a dejar todo como estaba antes y claudicar en su decisión de agrandar su hogar y su familia. ¿Cierto?

Pues algo bastante similar sucede con el proceso de descentralización. Varios actores sugirieron que crear nuevas autoridades electas sin recursos, atribuciones, ni controles podía tener efectos negativos que debíamos prever. Este asunto no es menor, pues la teoría sugiere que la descentralización debe ser vista necesariamente como un proceso, lo que implica asumir que el orden de los factores afecta el producto. En el caso Latinoamericano, expertos muestran que un proceso mal diseñado puede terminar, incluso, en menos poder político local, lo que se podría traducir en frustración, caudillismo y corrupción. El problema, sin embargo, es que todo esto ya lo sabíamos. Aun así optamos por comenzar de forma inadecuada y, ahora, nadie puede alegar demencia frente a lo decidido.

¿Qué hacer entonces? Pues en ningún caso insistir en el error, pero tampoco echar a los maestros y claudicar en el sueño de agrandar la casa y la familia. El camino sensato algo más simple: Identificar lo que no ha funcionado y mejorarlo, asumiendo que el sueño de un país espacialmente equitativo sigue igual de presente. Desde luego que son varios los problemas que deberemos enfrentar, pero me atrevo a subrayar solo dos.

El primero es la corrupción subnacional. A quienes nos encontramos comprometidos con el desarrollo regional no nos pueden resultar indiferentes los diversos escándalos locales y que, ciertamente, han trascendido colores políticos. Los más dolorosos para el proceso de descentralización tienen que ver con los cuestionamientos a reciente gobernadores electos, como es el caso de La Araucanía -que terminó con la detención de un estrecho colaborador del gore por dudosos convenios con fundaciones- y el de Coquimbo -con una gobernadora destituida por notable abandono de deberes-. La realidad no mejora si le sumamos los bullados casos locales, desde la bochornosa situación de Gervoy Paredes en Puerto Montt -hoy en prisión preventiva por eventuales delitos de cohecho, fraude al fisco, enriquecimiento ilícito y lavados de activos- a la de Cathy Barriga en Maipú. La corrupción local es un hecho y, por lo mismo, la normativa descentralizadora debiese darle la relevancia que merece. Hoy no lo hace.

Pero, además, otro problema igual de significativo para el éxito del proceso se relaciona con la desidia de quienes están llamados a impulsarlo. Reconociendo los riesgos de figuras sin atribuciones, nuestra legislación contempló un mecanismo de traspaso de competencias que, en parte, dependía de las nuevas autoridades electas. Tuvieron un par de años para estudiar y analizar qué áreas solicitar a la administración central y el resultado fue francamente sorprendente: de las 16 regiones de nuestro país, solo una (Magallanes) aprovechó la oportunidad. Ningún otro gobernador utilizó el mecanismo e, incluso, algunos negaron las atribuciones que el nivel central les transfirió de oficio.

En resumen, es importante reconocer que el proceso no ha funcionado de la forma en que queríamos, pero eso en ningún caso significa volver en el tiempo y dejar las cosa como estaban hace una década. El problema de las inequidades regionales sigue tan palpable como antes y, por lo mismo, lo que se espera es que seamos capaces de enfrentar el desafío, identificando los problemas y ofreciendo soluciones concretas. La evasión (de promotores y obstructores) no puede ser parte de las alternativas.