Estamos en la recta final de la primera etapa del proceso constituyente impulsado por millones de personas que se manifestaron por un Chile más justo y digno. Un proceso histórico donde está patente la disputa entre quienes buscan defender sus intereses particulares y de elite, frente a la gran mayoría de chilenas y chilenos que buscan una vida buena garantizada.
El 4 de septiembre no tenemos entre manos una decisión administrativa, sino que lo que haremos es definir cuál es el camino que queremos recorrer las próximas décadas: el del consenso para que sean los mismos de siempre quienes definan las reglas del juego o el de los cambios y transformaciones que permitan iniciar la construcción de un nuevo Chile. Un nuevo Chile donde el protagonismo sea de la gente, donde los beneficios de las políticas públicas sean para todos y todas
En ese marco, la propuesta de nueva Constitución se ubica como una oportunidad para garantizar la salud en el trabajo. En su artículo 46 establece el "trabajo decente y su protección" y el "derecho a la salud y seguridad en el trabajo", por lo que la legislación actual se deberá ajustar al nuevo marco constitucional.
De aprobarse el nuevo texto se allanará el camino para concretar la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, iniciada durante el gobierno de Michelle Bachelet y que fue bloqueada por la administración de Sebastián Piñera. Hoy es indispensable que el gobierno del Presidente Gabriel Boric dé urgencia al desarrollo de esta política a través de los procesos de articulación política y legislativa que sean necesarios.
La vida de las y los trabajadores no puede ser más expuesta. La Política Nacional de Salud en el Trabajo es necesaria hoy, pero después del 4 de septiembre debe convertirse en un objetivo prioritario considerando lo que señala el nuevo texto constitucional. El triunfo del Apruebo el 4 de septiembre significa avanzar en proteger la vida y la salud de las y los trabajadores.
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