Cargos de acceso o el desafío de una nueva regulación de futuro
Cada quinquenio la autoridad regulatoria del sector debe proceder a la fijación tarifaria de los cargos de acceso de la telefonía móvil. Esta vez el Gobierno definió $1,8 por minuto plano por 5 años, lo que es una buena tarifa, si bien no recoge toda la eficiencia de la red 4G pero es una bajada muy fuerte y ayuda al consumidor que usa la voz en telefonía fija/móvil, toda vez que el operador, con red y sin red, traspase esta caída al cliente final.
Chile con esta tarifa se coloca entre los países que siguen la tendencia de eliminar la asimetría existente en los cargos de acceso, fijando el valor a la baja como lo ha hecho Colombia $2.4; México $2.5; Perú $2.8; Reino Unido $3.1
La tendencia es eliminar la asimetría existente en los cargos de acceso, la fijación debe ser a la baja dada la actual convergencia tecnológica y el predominio del dato sobre la voz.
Recordemos que en nuestra administración junto al diputado Marco Antonio Nuñez propusimos igualar a cero los cargos de acceso mediante un proyecto de ley Boletín N°11488-15 que se encuentra en la Cámara de diputados.
En este proyecto hacíamos referencia a que “el mercado de las telecomunicaciones se encuentra cada vez más envuelto en un modelo de convergencia, supeditado por los continuos cambios tecnológicos y las políticas regulatorias llevadas a cabo durante los últimos años como la eliminación de la larga distancia nacional, la portabilidad numérica total y la disminución de los cargos de acceso, la que ha generado una disminución en las brechas de los niveles tarifarios entre concesionarias”.
Es así como, dentro de los problemas existentes en los actuales procesos tarifarios, se encuentra la asimetría de los cargos de acceso, la cual al no estar alineada con las nuevas políticas que ha venido implementando la subsecretaría de Telecomunicaciones, en el marco de los cambios tecnológicos de la industria del sector, trae consigo complejidades operativas en el mercado de la telefonía, al ser las tarifas diferentes entre si. Una de las razones que explican estas diferencias entre los mercados se debe principalmente a las decisiones político-económicas que buscaban incentivar la competencia en el mercado de la telefonía local, y así lograr mayor conectividad en el país.
Sin embargo, con el despliegue de diferentes tecnologías a nivel nacional y el desarrollo de los diversos servicios de telecomunicaciones cada vez pierde mayor relevancia el objetivo de la política antes propuesta.
Disminuir la asimetría tarifaria en los cargos de acceso significa mayor simplicidad y transparencia del enfoque; flexibilidad para determinar las tarifas finales a minoristas; facilita la migración hacia las redes basadas en IP y servicios convergentes, y se encuentra en concordancia con esquemas de interconexión tipo peering de Internet, el cual no ha requerido de regulación; facilita el desarrollo de ofertas de tarifas planas que promueven un mayor consumo de telecomunicaciones; reduce los costos regulatorios, así como la incertidumbre en la fijación de tarifas.
Si bien es cierto, una rebaja en los cargos de acceso en telefonía es importante para la ciudadanía, las compañías en la actualidad están fijando sus estrategias comerciales en los datos, en Internet fijo y móvil y no en los minutos de voz.
Lo anterior lo podemos observar en que los denominados triple pack (televisión, Internet y telefonía) y los planes telefónicos (Internet móvil y telefonía) se enfocan cada vez más en la televisión e Internet y no en la telefonía propiamente tal, existiendo planes con telefonía ilimitada, lo que lamentablemente no se observa tan nítidamente en los denominados prepagos, donde la reducción de los cargos de acceso es menor y siendo q los usuarios que acceden a este tipo de planes es la población perteneciente a los quintiles más bajos de la población.
Es sabido que las fijaciones tarifarias y particularmente los cargos de acceso de cualquier mercado regulado son en realidad tarifas fijadas a la viabilidad y rentabilidad de las empresas y no, o al menos directamente, para los usuarios.
Dada la desigualdad digital hay que preservar y promover no solo la baja en los cargos de acceso en telefonía donde cada vez disminuyen los usuarios de la telefonía fija, sino que además alentar mas competencia, mas educación y alfabetización digital, mejor cobertura y mayor calidad del servicio y la aparición de nuevos entrantes con pequeñas redes que tengan como foco atender a las localidades que aún no tienen servicio y en localidades apartadas y aisladas con nulo y deficiente servicio.
El desafío inmediato ya no está en el mundo de la llamada de voz por telefonía fija o móvil sino que en crear un marco regulatorio de futuro que garantice la competencia en el mercado digital convergente, como por ejemplo, corregir la controversia entre la regulación asimétrica y la asimetría de las obligaciones entre el mundo de las OTT (Over The Top,servicios sobre la red como Netflix,Whatsapp, Skype, Line,Viber, Youtube, Flickr, Dropbox, Facebook, Google) que no llevan cargos de interconexión, que cada vez incrementan su participación en el mercado, que se transforman en oligopolios, que involucran a millones de usuarios bajos sus propias condiciones y bajo sus propias leyes algorítmicas y que generan un alto tráfico de datos sobre la infraestructuras de los operadores de telecomunicaciones.
En simple, las OTT, donde cada vez tienen mayor participación las grandes plataformas como Amazon, Facebook, Google, Apple, que compran toda nueva aplicación y la incorporan a su universo y que acumulan una gran BigData a partir del perfil y uso de los usuarios, que proveen servicios de video, audio, voz y datos ocupan las redes e infraestructuras de las operadoras para montar su negocio, y por principio de la neutralidad de la red, el operador no puede limitar, prohibir o disminuir la calidad ni las aplicaciones OTT sobre sus redes.
Hay que añadir a esta asimetría el papel preponderante de los usuarios que prefieren un servicio OTT por novedad, precios y acceso a la entretención.
Las empresas de telecomunicaciones tienen un buen punto cuando señalan que ellas tienen que invertir en el despliegue, construcción, instalación y el mantenimiento de las infraestructuras que posibilitan la prestación de los servicios de las empresas OTT; están sujetas a una rigurosa regulación: pagar por uso de espectro, impuestos, fiscalizados y multados, permisos del MOP, regulación intersectorial, permisos y pagos municipales, arriendo de sitios, servicio público, asegurar calidad de servicio, operador de infraestructura, contar con sucursales para la atención al consumidor, número de asistencia, etc., además de responder por políticas de privacidad y seguridad en la prestación de sus servicios. Mientras las OTT están sujetas sólo a un dejar hacer.
Las operadoras para enfrentar la arremetida de las OTT han ido construyendo nuevos modelos de negocios más allá de la operación de la red, generando alianzas con las mismas OTT, creando sus propias OTT y aplicaciones, han avanzado hacia la transformación digital, han optado por incrustarse en el negocio de los servicios digitales; agregar valor a los servicios convencionales y tradicionales ya prestados.
Desde la regulación se presentan algunas opciones como someter a las OTT a una normativa propia a los servicios prestados, igual servicio igual regulación; o bien simplificar la regulación [desregular] a los operadores de telecomunicaciones. Otros han ido más lejos, omitiendo la neutralidad de la red, y han propuesto cobrar por los recursos de red.
Lo cierto que por de pronto, el país debe favorecer la inversión y el despliegue de redes en infraestructura digital.
En pocos años tendremos un déficit dado por el incremento del uso del dato lo que implica desembolsar recursos para mejores tecnologías con mayores anchos de banda y mejores coberturas, inversiones que son realizadas por la industria de las telecomunicaciones, la fija y la móvil, más proyectos que vienen subsidiados como la Fibra Optica Austral, o como el subsidio cruzado del modelo de las contraprestaciones en los concursos públicos por uso del espectro.
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