Pacto público-privado para conectar los hogares de chile

La exitosa licitación de espectros en el marco de la implementación del 5G no solo pone al país en el punto de partida de una tecnología de uso industrial cuyos efectos veremos en los próximos años, sino ha significado una cuantiosa recaudación de fondos para el presupuesto nacional .

Sin embargo, esta relevante iniciativa del Estado y de los operadores no acaba por solucionar el problema de conexión robusta a Internet que afecta hoy día a millones de hogares y pequeñas empresas y comercios de nuestro país .

La pandemia aceleró las necesidades de telecomunicaciones de millones de chilenos que tuvieron que confinarse por razones sanitarias y trabajar o estudiar desde sus hogares . Y de pequeños comercios que frente al cierre no pudieron implementar el comercio "on line" por falta de recursos digitales .

También muchos chilenos y chilenas necesitaron de buena conexión a Internet para inscribirse en el registro social de hogares o actualizar sus datos que les permitieran acceder a beneficios estatales. Lo mismo quedó en evidencia en el proceso de retiro de fondos desde las AFP, lo que obligó a miles de personas a salir de sus casas para realizar el trámite.

Frente a necesidades urgentes e imprevistas, los poderes públicos debemos mostrar capacidad de reacción y articular lo que sea necesario para satisfacer las necesidades de las personas que es el fin último de un estado que sinceramente esté orientado al bien común.

Está por cumplirse un año desde que los problemas de conectividad de los hogares chilenos han quedado en evidencia y ya no hay excusas para alegar ignorancia como se hizo con los hacinados al comenzar la pandemia.

No queremos mas estudiantes intentando conectarse desde el techo de sus hogares si hay opciones reales y al alcance de la mano para que su hogar tenga una conexión a Internet vía cable o fibra, ni podemos tolerar pequeños comercios condenados a la quiebra por carecer de alternativas para continuar sus negocios por la vía digital .

Como el agua potable y la electricidad, el acceso a Internet ha sido calificado por la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos y desde la Asamblea General, en 2016, como un derecho humano básico fundamental.

Es la hora de poner a Chile y los chilenos en primer lugar, de convocar a todos los involucrados en un pacto nacional para la conectividad a internet de las familias, hogares y pymes .

Una mesa que reúna al estado, el parlamento, las empresas de telecomunicaciones, las entidades públicas y privadas de financiamiento, academia, los usuarios y organismos de libre competencia y, con la misma energía, compromiso y urgencia conque se movilizó el Estado y sus personeros con el 5G, conseguir un pacto público-privado para dotar de Internet por cable o fibra a todas los hogares chilenos sin importar su condición socioeconómica o el territorio donde viven.

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