Santiago en prueba de resiliencia: calor, drenajes, sequía y brechas comunales

Anahí Urquiza Gómez

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Santiago aprendió -otra vez- que el "mal tiempo" no es un accidente meteorológico. Es un test de estrés que pone a prueba a nuestras ciudades, especialmente cuando las hemos construido socio-ambientalmente segregadas.

Las precipitaciones ocurridas durante el mes de enero 2026 dejaron más que calles anegadas: dejó un mapa moral. SENAPRED cifró en más de 1.100 las viviendas afectadas por el temporal en la Región Metropolitana, con impactos concentrados territorialmente. Y la DGA registró intensidades puntualmente altas -del orden de decenas de milímetros por hora- capaces de sobrepasar drenajes urbanos cuyo desempeño depende tanto del diseño como, sobre todo, de la mantención de los sistemas de drenaje de la ciudad.

Pero lo verdaderamente incómodo no fue el agua. Fue constatar que Santiago no se inunda igual. La segregación urbana hace que el riesgo sea selectivo: no porque la nube distinga comunas, sino porque la ciudad sí lo hace. Y lo hace por exposición y sensibilidad (dónde se construye, con qué estándar, cerca de qué cauces o zonas bajas), pero también por capacidad institucional: comunas con mayor autonomía fiscal y equipos técnicos sostienen prevención, operación y recuperación; comunas con mayor dependencia y menos profesionalización quedan atrapadas en el régimen de la emergencia permanente. Dicho sin eufemismos: unas pueden prevenir; otras apenas alcanzan a reaccionar. Esa es la desigualdad estructural que revelaban nuestras tablas.

Y si el temporal mostró la fragilidad frente al exceso de agua, 2026 se juega también por la otra cara de la seguridad hídrica: la escasez. El CR2 lo ha sistematizado con claridad: seguridad hídrica no es solo "tener agua", sino gestionar la tensión entre inundación y déficit, donde clima, demanda y gobernanza definen quién paga los costos. En la zona central, la presión se vuelve crónica; y lo crónico es lo que más castiga a quienes tienen menos margen económico e institucional.

Pero hay una tercera prueba -silenciosa y cotidiana- que completa el cuadro: el calor. En Santiago, el calor extremo no es democráticamente distribuido. La infraestructura verde que funciona como "aire acondicionado público" se distribuye también de manera desigual; lo que puede también interpretarse como una desigualdad de salud. La evidencia científica para la ciudad muestra patrones de isla de calor asociados a gradientes socioambientales: donde falta sombra, arbolado y parques, sube la exposición y se estrechan las opciones de adaptación. Y aquí entra una injusticia aún más dura: la pobreza energética. Cuando enfriarse cuesta, el calor se vuelve un impuesto regresivo: hogares con viviendas mal aisladas, sin climatización eficiente y con presupuestos al límite enfrentan el dilema brutal entre salud y cuenta de luz.

La paradoja final es que, justo cuando necesitamos más ciencia e información climática para anticipar, priorizar y aprender, debilitamos nuestra capacidad institucional. El CR2 informó que quedaría sin financiamiento ANID desde el 1 de marzo de 2026, poniendo en riesgo continuidad de datos, plataformas y capacidades acumuladas. Mientras el prometido Instituto de Cambio Climático del actual gobierno de Boric nunca se materializó, dejando un vacío de institucionalidad científica estructural.

A las nuevas autoridades: no hay paz social si se profundiza la desigualdad. Y el cambio climático -con drenajes que fallan, sequía persistente y calor desigual- es uno de sus aceleradores más eficaces. Si la resiliencia sigue siendo un privilegio comunal, cada temporal y cada ola de calor serán un plebiscito. Y la ciudad seguirá votando, con agua y con grados, sobre su desigualdad estructural.