La inequidad parte en la sala cuna
La desigualdad en la educación chilena comienza mucho antes de la PSU, del Simce o incluso de la Enseñanza Básica. Comienza en la sala cuna. Específicamente, en una diferencia silenciosa pero profunda: no todos los jardines infantiles y salas cuna reciben el mismo apoyo del Estado.
Hoy, en Chile, existen jardines infantiles administrados directamente por Junji o por Fundación Integra, ambos organismos estatales, y también jardines administrados por terceros -fundaciones, municipios y organizaciones sociales- que funcionan "Vía Transferencia de Fondos" (VTF). Todos atienden al mismo grupo objetivo: niños y niñas del 60% más vulnerable del país. Todos deben cumplir exigencias técnicas, pedagógicas y de cuidado similares.
Pero no todos reciben los mismos recursos. Y la diferencia es sustantiva.
De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, en un jardín infantil "tipo" que atiende cerca de 100 párvulos, el financiamiento por niño alcanza los $429.942 en establecimientos Junji de administración directa y $402.887 en Integra. En cambio, en los jardines VTF -es decir, aquellos administrados por terceros, aunque financiados por el Estado- el aporte cae a $250.647 por párvulo.
En otras palabras: niños y niñas con necesidades equivalentes reciben entre 37% y 41% menos de inversión estatal, dependiendo del tipo de administración del establecimiento al que asisten.
La paradoja es aún más evidente cuando se observa la distribución del sistema. Los jardines Junji administrados directamente atienden el 27% de la matrícula total y reciben el 43% del presupuesto. Los jardines VTF, en cambio, atienden el 38% de los niños y niñas, pero reciben solo el 26% de los recursos.
No se trata de cuestionar el financiamiento de los jardines estatales directos. El problema es otro: resulta incomprensible que existan diferencias tan amplias entre instituciones que cumplen la misma función pública y trabajan con la misma población vulnerable.
El caso de Hogar de Cristo refleja esta realidad. Nuestra institución sostiene una red de 35 salas cuna y jardines infantiles VTF distribuidos a lo largo del país, con capacidad para cerca de 2.800 niños y niñas este 2026. Como ocurre con muchos establecimientos de esta modalidad, gran parte de sus recursos se destina simplemente a sostener la operación básica. Cerca del 90% del financiamiento se ocupa en remuneraciones, dejando muy poco margen para materiales pedagógicos, capacitación de equipos o fortalecimiento del trabajo con familias. A esto se suma una lógica de financiamiento muy frágil: para recibir el total de los recursos, los jardines deben mantener al menos 75% de asistencia promedio. En invierno, cuando aumentan los virus respiratorios y las ausencias infantiles, esa exigencia termina afectando a los establecimientos que trabajan en contextos más complejos y vulnerables.
Lo más preocupante es que esta desigualdad ocurre en la etapa más decisiva del desarrollo humano. La evidencia internacional es consistente: la educación parvularia tiene efectos profundos en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Lo que un país haga -o deje de hacer- en esos primeros años impacta trayectorias completas de vida.
Por eso, mantener un sistema donde el financiamiento depende más de la estructura administrativa que de las necesidades reales de los niños no solo es injusto: es una mala política pública. La igualdad de oportunidades empieza mucho antes de lo que solemos creer. Empieza en la primera infancia. Y ahí, justamente ahí, no debería haber diferencias.