Salud en la Cuenta Pública: entre la urgencia declarada y la deuda estructural
En la Cuenta Pública del 1 de junio, el Presidente Kast eligió hablar de salud con datos duros, y eso merece ser leído con la misma seriedad con que fue dicho. El punto de partida es descarnado: una de cada cuatro muertes en Chile tiene por causa el cáncer. Sesenta mil nuevos diagnósticos al año, 30 mil fallecidos.
Cuando el gobierno asumió, miles de chilenos aguardaban -en el peor sentido de esa palabra- la confirmación de su diagnóstico oncológico. No esperaban un trámite. Esperaban saber si iban a vivir. El Plan Oncológico de 90 días, con el que el ejecutivo respondió a esa emergencia declarada, logró contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera y alcanzó cerca de 80% de avance en la resolución de los casos más críticos. Fonasa dispuso más de 4.800 cupos adicionales en distintas regiones. Son cifras verificables y, como tales, bienvenidas.
Pero la oncología es solo la punta del iceberg, y esto se reconoció sin eufemismos en el discurso: hay más de tres millones de prestaciones pendientes acumuladas en el sistema. Tres millones. No es un rezago administrativo; es la expresión más concreta de un sistema que llega tarde, que actúa cuando ya es difícil actuar bien y que durante demasiado tiempo normalizó la espera como parte del tratamiento.
Hay, sin embargo, un silencio en la Cuenta Pública que merece ser nombrado: no apareció una sola mención a la reforma de la Ley Ricarte Soto, un proyecto que lleva tramitándose en el Congreso desde el año pasado y que define la sostenibilidad del fondo que financia tratamientos de alto costo. La paradoja es difícil de ignorar: el mismo gobierno que declara la alerta oncológica guarda silencio sobre el mecanismo que garantiza que los tratamientos más innovadores lleguen a quienes los necesitan.
Desde 2019 no se ha incorporado ninguna nueva patología al sistema, una parálisis que contrasta con el ritmo al que la ciencia médica avanza. La reforma en tramitación no solo propone resolver ese estancamiento: también levanta barreras al desarrollo de ensayos clínicos en Chile e introduce mejoras sustantivas en la gobernanza del fondo. Son tres razones de peso para que este gobierno le ponga urgencia a un proyecto que el Congreso tiene en sus manos y que los pacientes llevan demasiado tiempo esperando.
Uno de los pasajes más relevantes del discurso, y que pasó relativamente inadvertido en el análisis general posterior, fue el diagnóstico sobre la Alta Dirección Pública en salud. Al asumir el gobierno, 184 de los 321 cargos que debían proveerse por concurso en servicios y hospitales estaban vacantes. Casi el 60% de las direcciones que conducen la gestión diaria del sistema público de salud, sin titular. Sin liderazgo estable.
Eso no es un problema de presupuesto; es un problema de gobernanza, y su impacto sobre la calidad de atención es tan real como silencioso. La promesa de modernizar el Sistema de Alta Dirección Pública apunta en la dirección correcta, pero exige más que velocidad en los concursos. Exige que los directivos del sistema de salud tengan mandatos claros, metas medibles y la autoridad suficiente para cumplirlas. En un sector donde cada día de vacancia tiene consecuencia clínica, la gestión del talento directivo no puede seguir siendo tratada como un proceso burocrático secundario.
Hay un tercer elemento en la Cuenta Pública que trasciende lo estrictamente sanitario, pero que tiene un impacto directo en la salud pública entendida en su dimensión más amplia: la indicación al proyecto de sala cuna universal que el gobierno ingresará el 15 de junio. La propuesta busca eliminar una barrera que por más de 100 años ha operado como desincentivo encubierto a la contratación femenina. No es solo una política de equidad laboral. Es también una política de salud infantil, de primera infancia, de desarrollo cognitivo en los años que la evidencia científica identifica como los más determinantes de una vida. Que ambas dimensiones converjan en una sola iniciativa legislativa es, en sí mismo, un avance conceptual que vale la pena reconocer.
Chile tiene hoy una oportunidad que no debería desperdiciar. El diagnóstico sobre las listas de espera oncológicas, la parálisis de la Ley Ricarte Soto, la crisis de gobernanza hospitalaria y el déficit de prestaciones acumuladas fue pronunciado en el escenario más formal y vinculante de nuestra democracia. Eso obliga. Obliga al ejecutivo a mantener el ritmo de ejecución más allá de los 90 días del plan inicial. Obliga al Congreso a tramitar con urgencia las iniciativas que amplíen el acceso a tratamientos innovadores. Y obliga al sistema en su conjunto a aceptar que el problema no se resuelve solo con más recursos, sino con mejor arquitectura institucional. El Presidente declaró la emergencia. Ahora corresponde declarar la normalidad de un sistema que cuide a las personas antes de que el reloj corra en su contra.