América Latina de cara al Pacto Mundial para la Migración
Los Estados miembros de las Naciones Unidas se aprestan para adoptar en Marrakech el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, al que la región de América Latina y el Caribe ha entregado amplio apoyo. Este instrumento surge como una respuesta de la comunidad internacional frente a los desafíos y oportunidades que plantea la migración en una agenda global. Se trata de un instrumento histórico que constituye un ejemplo de renovado interés multilateral.
Asistimos hoy a una intensa movilidad internacional de la población. Si bien esta realidad se ha replicado en otras épocas de nuestra historia, esta vez el fenómeno alcanza al mayor número de migrantes registrados (258 millones en el mundo, 30 millones en América Latina y el Caribe ), y posee una diversidad de expresiones que han situado el tema de la migración en la agenda global, como lo ilustra su inclusión explícita entre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Si bien la migración intrarregional en América Latina y el Caribe ha venido aumentando de manera importante, la mayor parte de los migrantes aún se dirige hacia fuera de la región.
Estados Unidos constituye el principal destino de la emigración centroamericana: hacia 2015, 78% de los emigrantes de Centroamérica residía en aquel país, rasgo que se intensifica en el caso de El Salvador (89%), Guatemala (87%) y Honduras (82%).
Se debe destacar que las personas migrantes hacen contribuciones positivas a la economía, la sociedad y la cultura de todos los países. Sus aportes son de tal magnitud que debieran alentar la construcción de una imagen positiva de la migración, desechando los prejuicios, riesgos y vulnerabilidades que la menoscaban.
En Estados Unidos, por ejemplo, la población de origen latino ha jugado un papel clave en la reproducción demográfica y en el mercado laboral. Cálculos realizados indican que el 38% del déficit de su fuerza de trabajo entre 2000 y 2015 fue cubierto por inmigrantes latinoamericanos, de los cuales los mexicanos y centroamericanos aportan más del 80%.
La complejidad de la migración en la región ha ido en aumento, como lo revelan los movimientos en Centroamérica y las insuficientes respuestas frente a los llamados flujos mixtos, incluyendo niñas y niños migrantes no acompañados; la emigración desde Venezuela y las nuevas realidades que enfrentan los países receptores; la emigración desde Haití y las discriminaciones que sufren sus emigrantes y como corolario, el cuadro de contrastantes realidades expresadas en el sinfín de adversidades que enfrentan muchas personas migrantes en sus travesías.
Los países también han apoyado iniciativas en favor de la facilitación de la migración, como lo revelan los acuerdos de residencia del Mercosur que buscan además reducir la irregularidad migratoria, y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013, que define una estrategia para la gobernanza migratoria fundada en la protección de todas las personas migrantes con propuestas concretas de acciones e indicadores. Como respuesta a las problemáticas de vulnerabilidad en la emigración, el tránsito y el retorno, los países de Centroamérica y México están definiendo un plan integral de desarrollo que buscará ofrecer más oportunidades a los habitantes en sus comunidades de origen. Se trata de crear políticas que busquen reducir las brechas productivas y salariales y generen posibilidades de desarrollo que alentarán decisiones migratorias informadas y no forzadas.
La CEPAL reconoce la plena validez del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular para el interés de los países de América Latina y el Caribe.
Tanto por sus principios como por sus objetivos y propuestas de acción, este Pacto viene a contribuir con respuestas y creación de capacidades de anticipación frente a la compleja realidad migratoria. Entre los principios, para la región es relevante que se consideren los asuntos de desarrollo sostenible, debido proceso, inclusión social, el interés superior del niño y los enfoques de género y de derechos.
También elogia la importante labor que han tenido diversas entidades del Sistema de las Naciones Unidas, en especial OIM, ACNUR y UNICEF, en sus aportes para avanzar hacia este acuerdo global y por sus acciones en terreno en la región de América Latina y el Caribe.
La CEPAL ha apoyado el proceso de consultas y negociaciones del Pacto y cree firmemente en la genuina aspiración de concreción de sus objetivos, poniendo al alcance de los países toda la colaboración necesaria. Los países de América Latina y el Caribe deben aprovechar la gran oportunidad que representa este instrumento para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desde un enfoque de derechos humanos y con el objetivo de superar la desigualdad.
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