El color y clase de los Derechos Humanos
Rebeka Pierre murió en un paradero del Transantiago, minutos después de que la dieran de alta del Hospital Félix Bulnes. Llegó en ambulancia y se devolvió en micro. Falleció el día de su cumpleaños, con nueve semanas de embarazo.
Joseph Henry murió en 2018 tras estar internado casi una semana en el Hospital del Salvador, después de haber estado agonizando por dos días en el aeropuerto. Trataba de volver a su país. Los encargados de la aerolínea no lo dejaron abordar por estar enfermo; una mujer que lo vio tirado lo llevó en su auto al hospital.
Joane Florvil murió hace casi dos años en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, desesperada por ver a su hija, la cual supuestamente había abandonado en la Oficina de Protección de Derechos de la comuna de Lo Prado. Poco después de su deceso, el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago la sobreseyó definitivamente del delito de abandono.
Dos meses antes, Benito Lalane había fallecido de hipotermia en una “casa” en Pudahuel, la cual no suponía gran diferencia con dormir a la intemperie. Fue velado por un puñado de gente que apenas lo conocía en una parroquia evangélica de la Población San Pablo, sin familiares.
¿Qué tienen en común estas personas? Eran haitianas y pobres.
¿Qué reflejan estas muertes? En Chile existe un racismo estructural que tiene efectos concretos de pobreza y exclusión social.
También muestran un sistema de salud en crisis, una que se arrastra desde hace años y que ningún gobierno ha sabido (o querido) resolver. Desfinanciamiento, masivas listas de esperas y falta de dotación profesional y de equipos, entre otros temas urgentes.
Nos dice mucho también sobre la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, o más bien, de la transgresión sistemática de los convenios y pactos internacionales que los sustentan.
El Estado de Chile tiene la obligación de proveer atención médica de urgencia a los inmigrantes, independiente, incluso, de la regularización de su situación administrativa. Para el cumplimiento de esa obligación, el Estado debe prevenir la discriminación en este tipo de atenciones, a través, por ejemplo, de la formación en Derechos Humanos de los funcionarios de salud, cuestión que en estos casos fue evidentemente incumplida.
Asimismo, el Estado debe investigar, sancionar y reparar adecuadamente a las víctimas y/o sus familiares. En virtud de esta obligación, los agentes del Estado a cargo de los servicios de salud deben promover dichas investigaciones y no obstaculizarlas, que es lo que ha ocurrido en el caso de Rebeka, en el que ahora se conoce que se retuvo información relevante.
En lo inmediato, las autoridades políticas y administrativas tienen que asumir su responsabilidad por el caso de Rebeka. El Gobierno, silente hasta ahora, tiene que pronunciarse fuerte y claro.
Los haitianos son hoy en día la tercera población inmigrante más grande del país, con 179.388 personas según la última actualización del Censo 2017. Esto redefine a nuestro pueblo, a nuestra gente.
Nuestro país cambió. Tenemos un nuevo Chile, con un escenario en el que el resguardo de los DDHH es quizás más complejo que nunca.
Necesitamos avanzar hacia un país donde el racismo sea simplemente inadmisible, especialmente en nuestras instituciones públicas.
Como actuemos ahora, especialmente como Estado, sentará las bases de una posible convivencia democrática, con un futuro donde la dignidad se haga costumbre para todos y todas, sin importar el color, la clase o el género.
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