Que la búsqueda no dependa del tiempo

Carolina Tello Rojas

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Chile arrastra una deuda que no prescribe. Una herida abierta que no se cierra con el paso de los años ni con el relevo de los gobiernos. La desaparición forzada de personas durante la dictadura no es un asunto del pasado: es una responsabilidad permanente del Estado frente a las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Por eso, avanzar hacia un Plan Nacional de Búsqueda como política pública permanente no es solo una decisión administrativa; es una definición ética, democrática y profundamente humana.

Hoy, cerca de 1.500 familias siguen sin saber dónde están sus seres queridos. No tienen un lugar donde llorar, no tienen una verdad completa, no han recibido la reparación que el Estado les debe. Esa ausencia no es abstracta: se expresa en décadas de espera, en archivos incompletos, en silencios institucionales, en promesas que muchas veces quedaron sujetas a la voluntad política del momento. Convertir la búsqueda en una política de Estado significa decir, con claridad, que la verdad no depende del ciclo electoral ni del gobierno de turno.

El Plan Nacional de Búsqueda reconoce algo fundamental: que fue el propio Estado el que, a través de sus agentes, hizo desaparecer a estas personas. Por lo mismo, es el Estado -en toda su continuidad histórica- el que tiene la obligación indelegable de buscarlas, esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia y reparación. No se trata de reabrir heridas; se trata de cerrarlas correctamente, con verdad y dignidad.

Este enfoque se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos y con el derecho de las familias a saber. La búsqueda no es solo un acto técnico o forense; es también un acto de memoria y de reconocimiento. Implica coordinar instituciones, abrir archivos, fortalecer capacidades, escuchar a las familias y asumir que sin verdad no hay democracia plena. Un país que no enfrenta su pasado normaliza la impunidad.

Hacer permanente esta política pública es una señal clara de que Chile entiende que los derechos humanos no son una consigna, sino un pilar estructural del Estado de derecho. Es también una forma concreta de decir a las familias que no están solas, que su lucha es legítima y que el Estado no renunciará a la tarea de buscar, incluso cuando el tiempo pase y los obstáculos persistan.

La democracia se mide, en gran parte, por cómo trata a quienes más han sufrido. Institucionalizar la búsqueda es un acto de justicia intergeneracional y una garantía de no repetición. Porque mientras exista una sola persona desaparecida, la tarea del Estado no ha terminado.

Y porque la memoria, cuando se convierte en política pública, deja de ser frágil y se transforma en compromiso permanente. La búsqueda no se cierra, no se archiva y no se suspende. Se asume, de una vez y para siempre, como una responsabilidad permanente del Estado chileno.