Codelco y el litio: ¿Maximizar el patrimonio o defender Chile?

Diego del Barrio Vásquez

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La reciente defensa del acuerdo entre Codelco y SQM, articulada por el exdirector Pedro Pablo Errázuriz, sostiene que la "maximización del patrimonio de la compañía" equivale a actuar en el mejor interés de Chile. Sin embargo, esta equiparación entre interés nacional y rentabilidad empresarial resulta, como mínimo, problemática. ¿Puede realmente el bienestar colectivo reducirse a los balances de una empresa estatal? ¿Qué ocurre con los objetivos estratégicos de largo plazo, la soberanía sobre recursos y la inserción de Chile en cadenas de valor globales de manera sostenible y tecnológicamente relevante?

Analizar el acuerdo solo desde la perspectiva financiera de Codelco es insuficiente. Desde la teoría de la elección pública, sabemos que los agentes estatales pueden priorizar intereses institucionales sobre el bien común, especialmente si no existen mecanismos robustos de control y transparencia. En este contexto, la maximización patrimonial no garantiza la maximización del bienestar social ni responde a los desafíos de desarrollo nacional.

Chile enfrenta hoy una oportunidad histórica para diseñar una política de desarrollo en torno al litio que trascienda la mera extracción. La economía de recursos naturales y la economía ambiental subrayan la importancia de internalizar los costos sociales y ecológicos, así como de distribuir equitativamente los beneficios intergeneracionales. Esto implica fomentar capacidades industriales, conocimiento científico y tecnológico, y una gobernanza activa en las energías limpias. Estos objetivos, ausentes en la defensa del acuerdo, son esenciales para una estrategia nacional de largo plazo.

La afirmación de que el directorio de Codelco actuó "de forma responsable y transparente" contrasta con la opacidad que ha caracterizado las negociaciones. La gestión de un recurso estratégico exige información pública detallada sobre las alternativas evaluadas y los modelos de decisión empleados. La falta de transparencia debilita la legitimidad de decisiones que afectan al patrimonio común y limita el ejercicio del control ciudadano, pilar fundamental en la administración de bienes públicos según la teoría económica institucional.

Recordemos que Codelco no es propietaria del litio, sino un operador delegado por el Estado dentro de una estrategia nacional. Esta distinción es clave: lo que se entregó no fue un activo para optimizar financieramente, sino un instrumento para diseñar política pública desde una visión de largo plazo. Si el acuerdo fue concebido y ejecutado desde una lógica empresarial estrecha, el verdadero error estratégico es haber reducido la política nacional del litio a las urgencias contables de una empresa estatal, en lugar de pensar en el desarrollo integral del país.

La Estrategia Nacional del Litio debe ser capaz de articular eficiencia económica, desarrollo tecnológico, sostenibilidad y transparencia, integrando mecanismos de deliberación democrática sobre el destino de los recursos estratégicos. Solo así se podrá evitar que la maximización patrimonial de una empresa estatal eclipse los objetivos de bienestar social, equidad intergeneracional y soberanía nacional. La economía política advierte que el éxito de una política pública se mide no solo en términos financieros, sino también en su capacidad para generar valor social y fortalecer el desarrollo sostenible.

Reducir la política del litio a una lógica de rentabilidad empresarial es una visión estrecha que amenaza con desperdiciar el potencial transformador de este recurso para Chile. Se necesita una estrategia integral que combine eficiencia y sostenibilidad con una participación ciudadana efectiva, asegurando que el litio se convierta en motor de un desarrollo verdaderamente justo, soberano y sustentable.