Prevención de drogas y alcohol en la empresa privada

A fines de septiembre, el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur comenzó la implementación de una política de prevención de drogas y alcohol en sus funcionarios. La iniciativa, aplaudida por las autoridades relacionadas con el tema, cuenta con una alianza con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) de la Región Metropolitana. 

Su directora, Francisca Zaldívar, al momento de inaugurar la política, fundamentó la importancia de la prevención en que “los bomberos trabajan en emergencias y tienen que estar con todos los sentidos bien puestos. Si presentan consumo de alcohol o de drogas podrían perder reflejos y ponerse en riesgo ellos mismos, a las personas que están ayudando, así como también a su equipo de trabajo”. 

Considerando que los cuerpos de bomberos son organizaciones sin fines de lucro y orientadas al servicio a la comunidad, cabe preguntarse la situación de medidas de prevención de drogas y alcohol en faenas de trabajo que implican riesgo operativo, tales como construcción, el transporte, la minería, manufactura, entre otras. 

En una mirada general, alrededor de un cuatro por ciento de las empresas privadas chilenas cuentan con estas políticas o programas de prevención e inhibición de alcohol y drogas entre sus trabajadores.

Cifra, por cierto, poco alentadora, en especial si se compara con índices de países desarrollados, como Estados Unidos, donde cerca de un 80 por ciento de las empresas privadas han implementado estas políticas o programas. Además, en nuestro país estas empresas son, por lo general, pertenecientes a grandes conglomerados internacionales. 

Por cierto, tal como menciona Zaldívar, la pérdida de reflejos por el consumo de drogas y alcohol puede ser un alto factor de riesgo, y en las organizaciones o empresas se traduce en aumento de la tasa de accidentabilidad, principalmente.

Basta imaginar a un conductor de grúa horquilla o al personal de una línea de producción bajo la influencia de alcohol o drogas para hacerse una idea de la magnitud de los accidentes posibles, que pueden traer un costo humano y económico a la empresa. Incluso, tal como ya ha ocurrido, cuantiosas demandas civiles por parte de los afectados.

Sin embargo, no sólo la accidentabilidad es un factor importante. No contar con medidas de prevención puede significar una disminución en la productividad de la empresa, un alto nivel de ausentismo y rotación de personal, y también una situación llamada “presentismo”, que consiste en el empleado que, por ejemplo, frente al computador en su trabajo, se dedica a mirar el vacío y no trabaja. Todas estas variables tienen su contrapartida económica que perjudica a la empresa. 

Desgraciadamente, la legislación en nuestro país no colabora en subsanar estos problemas. Muy patente es señalar que en el Código Laboral de Chile no se mencionan las palabras alcohol ni droga, situación distinta a nuestro vecino Perú, donde la legislación contempla y sanciona su consumo en ambientes laborales.

Existen iniciativas en el Congreso por modificar y modernizar las leyes del trabajo chileno, pero aún siguen a la espera de tramitación y el escenario no es, por ahora, auspicioso. 

El desafío de las organizaciones y empresas chilenas es alcanzar estándares internacionales en esta materia. En países de Norteamérica y Europa estas políticas son una realidad desde hace alrededor de cuatro décadas.

Ciertamente, en Chile no nos caracterizamos por ser muy proactivos frente a las problemáticas y riesgos latentes, pero justamente no debemos esperar a que un accidente de proporciones sacuda la opinión pública para que se genere la conciencia necesaria.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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