Por una regulación efectiva de los celulares en las aulas
En Chile, como en muchos países del mundo, el Congreso está avanzando en una legislación para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles por parte de estudiantes en establecimientos educacionales. El miércoles la iniciativa se aprobó en segundo trámite constitucional en la Sala del Senado y ahora continuará su tramitación en la Cámara para revisar las modificaciones. El debate es relevante y urgente: ¿Cómo equilibrar la necesidad de resguardar a estudiantes de los riesgos y al mismo tiempo formar para sus potencialidades a la hora de abordar los desafíos y condiciones del mundo actual y del futuro?
Diversos estudios muestran que los celulares, cuando no tienen un uso regulado, pueden convertirse en una fuerte distracción, afectando la atención, la convivencia y el aprendizaje. También existe preocupación por el aumento del ciberacoso, la exposición a contenidos inadecuados y la disminución de la interacción presencial entre estudiantes. Desde esta perspectiva, limitar su uso en clases busca proteger el foco pedagógico y favorecer la convivencia.
No obstante, también es cierto que los dispositivos móviles ofrecen oportunidades. En muchos contextos, son una herramienta de acceso a información, recursos educativos y aplicaciones que pueden fortalecer el aprendizaje si es que existe un diseño pedagógico adecuado. Para estudiantes con necesidades educativas especiales, los celulares pueden ser un apoyo fundamental en la inclusión. Además, su uso responsable es parte de la alfabetización digital que las comunidades educativas deben promover: prohibirlos totalmente podría dejar a las y los estudiantes menos preparados para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más digitalizado.
Atendiendo lo anterior, es fundamental y urgente regular el uso de dispositivos tecnológicos en los establecimientos educativos desde una mirada integral y contextualizada, que ponga en el centro el aprendizaje de los y las estudiantes. El proyecto de Ley avanza en esta línea en el congreso considerando tanto la prohibición como las excepciones en las que de forma planificada los dispositivos contribuyen al aprendizaje, aspectos que debemos resguardar para que sea pertinente a las diversas realidades y proyectos educativos. Además, es necesario fortalecer las herramientas de gestión con que cuentan las comunidades escolares para su implementación y potenciar la educación digital tanto dentro como fuera del aula, involucrando a estudiantes, docentes y familias.
Desde el Ministerio de Educación valoramos la orientación que ha tomado la moción parlamentaria, cuyo debate ha considerado tanto la visión del Ejecutivo como el aporte de diversos especialistas. En particular, destacamos las excepciones establecidas a la prohibición del uso de teléfonos celulares, que contemplan situaciones específicas: (1) requerimientos asociados a necesidades educativas especiales, (2) situaciones de emergencia, (3) condiciones de salud que así lo exijan y (4) uso pedagógico fundamentado. Asimismo, se establece que los reglamentos internos de cada establecimiento deberán precisar la forma en que estas excepciones se aplicarán, involucrando a las familias y a la población en general, a través de campañas acerca de los riesgos del uso no mediado de dispositivos y plataformas.
Para que la regulación sea efectiva y pertinente a los desafíos contemporáneos, es clave que, en la implementación, esta sea tratada más que como una prohibición, como una oportunidad para acordar límites claros, generar confianza y educar en el uso responsable de la tecnología. De ello dependerá que esta política contribuya a mejorar la calidad de los aprendizajes y la convivencia educativa, adaptándose a los desafíos de una sociedad donde las tecnologías digitales son parte de la cotidianeidad. Los erróneamente llamados nativos digitales no nacen con habilidades formadas: son las y los educadores, junto a las familias, quienes debemos enseñar a usar la tecnología al servicio del aprendizaje, del desarrollo sostenible y la construcción de un país más justo y humano.
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