¿Quién resuelve el conflicto educacional?

En pocos días más se llevará a cabo el primer diálogo entre el MINEDUC y la CONFECh. El movimiento estudiantil ya ha tenido varias experiencias del estilo.Desde el 2006 cuando se participó de un Consejo Asesor cuyo destino desde un comienzo era ser ignorado por los partidos políticos (y así lo fue), hasta un 2011 en que el diálogo con el ministro Felipe Bulnes sirvió solamente para reafirmar en privado lo que ya se había dicho en público: que el gobierno de Sebastián Piñera no cedería un ápice en su trinchera de comprender a la educación como un negocio.

Pero aquel no ha sido el único aprendizaje del movimiento estudiantil. Hay también uno mucho más valioso, que tiene que ver con los contenidos necesarios para una reforma a la educación que realmente la vuelva un derecho.

Años de asambleas, foros, estudios, han permitido que tenga una agenda clara y coherente desde el 2011 hasta hoy, mientras partidos políticos y tecnócratas han deambulado de voltereta en voltereta, ajustando sus discursos según la conveniencia e intentando tomar las demandas del movimiento social, manosearlas y cambiar por completo su sentido.

Frente a tanto erratismo de los actores que por años han definido sin contrapesos la política educacional del país, el movimiento estudiantil en estos años ha sido mucho más capaz de interpretar los problemas y los sueños de las familias chilenas que cualquier partido político.

La conclusión salta a la vista, el aporte que puedan hacer los actores sociales del movimiento social por la educación no solamente es necesario, sino que es la única garantía que la reforma realmente apuntará al corazón del problema educativo: su mercantilización y privatización.

¿Cómo tomarse entonces esta reunión? Los dirigentes estudiantiles ya han anunciado que asistirán, por supuesto, no tendría sentido exigir participación y negarse a ella. Sin embargo, es clave que el Ministro comprenda el sentido de este diálogo, que no puede convertirse en un nuevo saludo a la bandera. Las relaciones y conversaciones que establezca el ministerio con los actores sociales deben estar orientadas a que la participación y definiciones de estos sean claves para llegar a un acuerdo en la reforma educacional que se proponga.

En este sentido, comenzar a definir proyectos de ley en educación precipitadamente, sin acordar sus principios generales ni contenidos con sus actores principales, es convertir el diálogo en un show mediático y la reforma educacional en oportunidad perdida.

Todo el país ha sido testigo de un movimiento estudiantil que ha desarrollado una comprensión mucho mayor del estado del actual sistema educativo que los actuales partidos políticos, así como también una mucha mayor capacidad de interpretar lo que la ciudadanía hoy demanda respecto a la educación.

En tal sentido, los partidos tendrán que saber ser humildes y conscientes de lo que hoy son, y asumir un rol secundario si una mesa con los actores sociales llega a un acuerdo respecto a la reforma educativa que exigimos.

Esto lo han comprendido de manera clara los actuales diputados que fueron dirigentes estudiantiles, quienes en un compromiso durante 2013 manifestaron con claridad que los actores sociales del mundo de la educación “se han constituido como interlocutores legítimos ante la sociedad, para encauzar este proceso de transformación profunda, por lo que no pueden ser excluidos por una institucionalidad que hoy no es del ancho necesario para representarlos plenamente”.

¿Y si no se llega a acuerdo? Tal posibilidad es muy real, viendo que ya aparecen diferencias relevantes, por ejemplo en la forma de financiamiento (que exigimos sea hacia la oferta y no vía becas) y en la inexistencia de un plan claro para que la educación pública vuelva a ser el pilar central y mayoritario de nuestro sistema.

Los estudiantes ya hemos aprendido que la fuerza de nuestros planteamientos depende de nuestra capacidad de movilización, y si hay algo que es indudable es que nuestros compañeros, nuestras familias, quienes hemos llenado las calles, mantenemos la esperanza intacta y las suelas aún resistentes para seguir repletando las anchas Alamedas cada vez que sea necesario.

Por su parte, resulta también evidente que un Parlamento binominal como el que tenemos no tendrá la capacidad para resolver con criterios realmente democráticos. Un problema tan profundo como el de la educación chilena requerirá entonces vías mucho más participativas para que sea la mayoría de Chile la que decida.

La educación en Chile hoy día es un negocio. La reforma educacional tiene dos resultados posibles, excluyentes entre sí: o la vuelve un derecho garantizado por el Estado, o la mantiene en la misma lógica de mercado con pequeños ajustes.

Que el resultado sea el primero dependerá de que los contenidos principales de esta reforma, por primera vez en 40 años, sean producto de un diálogo social amplio, con protagonismo de sus actores sociales, en vez de una decisión unilateral de un puñado de expertos escogidos con pinzas y validados solamente por una política tradicional que hace mucho rato que se alejó de las mayorías del país.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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