27F, el Estado y la pendiente Red de Emergencia

Las consecuencias del 27 de Febrero del 2010 trajeron la introducción de notables medidas que le permiten al país contar con un adecuado marco de actuación ante situaciones de emergencia y catástrofe, sin embargo, aún no existe la convicción que el Estado cuente con su propia Red nacional de comunicaciones y misión crítica para gestionar este tipo de situaciones. 

Los avances registrados van desde instalar un Sistema de Gestión de Emergencia, un espacio de coordinación público/privado, donde el Estado pueda contar con información oportuna y confiable.

Este Sistema tiene su propio NOC (Network Operation Center) que opera 24/7 y que interactúa con los operadores ante cualquier alerta del sistema.

Además se introdujeron nuevos estándares de calidad de servicio para las redes móviles, mayor rendimiento de redes desagregadas, aumentó la capacidad de transmisión de mensajes de texto SMS.

A su vez, con el objeto de asegurar la recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del sistema público de telecomunicaciones, se desplegó un plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones del país, con el propósito de asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia, resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe. Así más de 9 mil sitios entraban en Nivel 1 y Nivel 2, previendo su mantención, asegurando su autonomía de energía y suministro de combustible por varias horas continuas. 

El sábado 23 de Septiembre del 2018 entra en vigor el reglamento Multibanda/Sistema de Alerta de Emergencia SAE, donde se exige que todos los teléfonos móviles que se comercialicen en el país estén homologados para recibir los mensajes SAE que envía ONEMI, consistentes en aquellos avisos, pop up, sonidos, vibraciones, que permiten alertar a la población cuando hay riesgos debido a algún fenómeno, natural o no, que puede poner en riesgo su vida (tsunamis, aludes, erupciones, sismos, incendios, etc). 

Asimismo, esta normativa, exige que el teléfono móvil debe funcionar en todas las bandas de frecuencia disponibles y desbloqueado para su uso en cualquier compañía móvil del país. 

También se perfeccionó la institucionalidad, formalizando la Coordinación en Situaciones de Emergencia, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, COE Regional y las autoridades que participan de la situación de Emergencia. 

Regulatoriamente se permitió la entrada de nuevos actores, los operadores de infraestructura de telecomunicaciones, abriendo el mercado, introduciendo otra lógica en la industria, incorporando la provisión de infraestructura y de servicios en niveles de capas distintas. 

No sólo el mundo móvil sufrió modificaciones, el mundo de la radiodifusión sonora también tuvo su adecuación, permitiéndoles la operación de estaciones adicionales durante emergencias y la implementación de plataforma electrónica para los radioaficionados.  La Televisión Digital Terrestre aún no introduce de manera masiva el Sistema de Alerta que contempla la norma ISBT. 

Con todo esto, aún falta consolidar un sistema único de comunicaciones en situaciones de emergencia.

Actualmente Chile no cuenta con infraestructura de telecomunicaciones en banda ancha con estándar de misión crítica que permita integrar redes de comunicaciones para emergencias.

Hasta hoy, dicho sistema funciona en forma disgregada, siendo imprescindible que el Estado cuente y gestione su propia red de comunicaciones, robusta, interoperable, confiable, escalable, portable, resiliente y redundante, con alta disponibilidad y con gran capacidad de transmisión de datos, configurada sobre la lógica de un solo sistema donde convergen todos los organismos, servicios y responsables de gestionar la emergencia. 

Existen por el mundo diferentes modelos de inversión y operación de redes para comunicaciones de emergencia y misión crítica, desde redes totalmente dedicadas hasta modelos mixtos, con participación privada pero con la gobernanza gestionada por el Estado, pero en todas son una solución integrada de comunicaciones con plataforma multiservicios, infraestructura con estándar para misión crítica Atención y respuesta 24/7; Usuarios mínimos; Red distribuida de alta disponibilidad y encriptada (si aplica); Servicios de voz, video y datos de banda ancha; Tráfico garantizado para los organismos que gestión la situación de emergencia; Sistema de despliegue rápido en cada una de las regiones del país que permitan unificar comunicaciones con mandos locales, regionales y nacional; tecnología y dispositivos con estándar abierto y con cobertura garantizada hasta un nivel comunal. 

El Estado debe asegurar la gestión de sus comunicaciones en emergencias, no puede depender exclusivamente de los sistemas y redes privadas, atendido el hecho que aquellas situaciones de emergencia o catástrofe en que gran parte de la población resulta afectada se presentan en territorios aislados, de difícil acceso y que usualmente llevan aparejada la indisponibilidad de redes, debido a sobrecargas, pérdida de energía, daños de infraestructura, corte de cables y/o falta de cobertura en la zona afectada, lo cual refuerza la idea de que es el momento de decidir si queremos o no esta tantas veces invocada red capaz de soportar y gestionar una emergencia.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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