Según el análisis de diversos organismos, el principal problema de la Ley de Adopción en Chile es la tardanza y burocracia existente en el sistema judicial para llevar a cabo el proceso, situación que recae en la espera durante meses e incluso años de cientos de niños en unidades del SENAME u organismos colaboradores.
De acuerdo a cifras del último anuario estadístico del SENAME, el tiempo de espera de los niños, desde que son declarados susceptibles de ser adoptados promedia entre los 4 a 5 meses dependiendo de quien esté a cargo del menor, ya que las Unidades del SENAME tienen a su cargo niños de 3 años y más, disminuyendo así el interés de quienes desean adoptar.
Poco se ha dicho del tiempo previo a que un menor es declarado susceptible de adopción, el que varía entre 1 a 3 años, debido a que los jueces de familia pueden demorar en extremo el proceso de verificación respecto de la existencia de un familiar idóneo que esté interesado en hacerse cargo del niño.
Por regla general, en Chile prácticamente no existen niños huérfanos en los hogares y centros de residencia, todos tienen familia biológica.
Por consiguiente, si se quiere declarar la posibilidad de adopción de uno de estos niños, primero se debe iniciar un proceso judicial para declarar inhábiles a los padres, abuelos paternos y maternos, y luego a los tíos, recién ahí el tribunal de familia puede determinar la susceptibilidad de adopción, proceso que en promedio puede tardar hasta 3 años, ya que la familia biológica en el 90% de los casos se opone a la adopción, incluso sabiendo que no tienen las condiciones para una crianza adecuada para el menor.
Éste debió ser el enfoque durante la discusión de la “Reforma Integral al Sistema de Adopción” aprobada hace algunos días en la Cámara Baja y que ahora deberemos revisar en el Senado.
Lamentablemente perdimos el rumbo, ya que el debate se ha centrado en las necesidades de quienes quieren adoptar a un menor y no sobre lo relevante de generar un procedimiento moderno, eficaz y transparente que vele siempre por el interés superior del menor, y que por sobre todo se disminuya el tiempo durante el cual un niño se mantiene en un centro a la espera de ser adoptado.
Es por todo esto que considero, que aún tenemos una deuda con esos menores, porque no hemos sido capaces como sociedad de hacernos cargo del problema principal que es mejorar y hacer más eficiente el sistema de adopción en nuestro país.
Desde este punto de vista, considero que en el Senado tendremos la misión de volver a poner en el tapete ésta prioridad, será nuestro deber legislar pensando siempre en el bien superior del menor y de su derecho a vivir tranquilo en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión, tal y como lo plantea la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
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