El 20 de noviembre conmemoramos un nuevo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN, 1989), y nuevamente la fecha nos insta a reflexionar sobre los avances, las brechas y los desafíos pendientes en nuestro país respecto a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en el territorio nacional.
Ciertamente, los cambios legales, normativos e institucionales que se han generado desde el 2018 a la fecha han sido significativos en Chile, siendo la aprobación de la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez (2022) uno de sus hitos más relevantes, en que se establece la creación de un sistema local de protección integral y la instalación de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) como autoridad administrativa en cada una de las comunas del país. Un segundo hito, fue la creación de dos nuevos servicios para sustituir al Sename; siendo uno de ellos, el Servicio de Protección Especializado a la Niñez y la Adolescencia (2021) cuya dependencia radica en el Ministerio de Desarrollo Social, bajo la supervisión de la Subsecretaría de la Niñez.
Este servicio tiene por objetivo garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, para lo cual ejecuta un conjunto de programas orientados a la restitución de los derechos, la resignificación de las experiencias traumáticas y la prevención de nuevas vulneraciones. Uno de los derechos que pueden perder los niños y niñas, es el derecho a vivir en familia, producto de situaciones de graves negligencias, abusos y otras formas de violencia.
Se concibe a la familia a como el primer entorno de cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, y un espacio significativo para su desarrollo integral y bienestar. Por tanto, la protección de este derecho implica que los Estados deben crear y fortalecer políticas que promoción de derechos y de prevención que incluya apoyar a las familias en su rol de cuidado y/o que se encuentren en situación de vulnerabilidad, promuevan la reunificación familiar, y faciliten y aseguren cuando no hay familia, otras modalidades para restituir este derecho.
Aldeas Infantiles SOS está convencida que el mejor lugar para el desarrollo y bienestar de un niño o niña es una familia, y creemos en el rol preventivo de las OLN y del Servicio de Protección en la garantía del derecho a vivir en familia de niños y niñas vulnerados en sus derechos pues tiene los instrumentos y recursos para ello. Mediante el fortalecimiento de los programas ambulatorios para prevenir la pérdida del cuidado por parte de las familias, robusteciéndolos en su diseño técnico y en la cantidad de recursos que se destinan para la atención de un niño/a y su familia. Por otra parte, con la implementación efectiva de las medidas orientadas a restituir este derecho cuando no fue posible realizarlo con la familia de origen, a través de familias extensas o externas o la adopción.
Esperamos que los cambios institucionales, programáticos y los legales que están actualmente en tramitación en el Congreso, mediante la ley de Armonización de la Ley del Servicio a la Ley de Garantías y la ley de Adopción que tiene como uno de sus objetivos centrales acortar los tiempos del proceso para los niños y niñas, faciliten y mejoren efectivamente la garantía del derecho de niños y niñas a vivir en un entorno familiar seguro y protector.
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