Explotación sexual infantil: ¿Y los derechos humanos de la niñez?
En una micro ayudaba a cortar los boletos, luego como copiloto de un chófer -40 años mayor- recibía sus besos y abrazos delante de 25 pasajeros, sin que ninguno de ellos notara en ese acto abusivo algo extraño. Un "tío" con una conducta abiertamente erotizada que todos los días la llevaba a su casa y era aceptado en la familia porque les mandaba pan y queso para la once, que incluso contaba con permiso para invitar a una escolar de básica por el fin de semana a su casa en el campo.
En el marco del Día de los Derechos Humanos, la plataforma Actuar es Urgente publicó su séptimo boletín, revelando el perfil de quienes explotan sexualmente a niñas, niños y adolescentes (NNA) en Chile. En un país que exhibe orgulloso sus avances legislativos, este crimen persiste con una fuerza devastadora. Ya en 2018 el Comité de Derechos del Niño observó a nuestro país por casos de explotación sexual infantil en centros de protección, exigiendo su total erradicación, hecho que está lejos de cumplirse y -todo lo contrario- hemos observado como a la fecha hay más de 300 denuncias activas al interior del servicio de Protección.
Según la Defensoría de la Niñez, las denuncias por explotación sexual aumentaron 73% en los últimos tres años. Sólo en 2024 se registraron más de 1.400 casos a nivel nacional, con una tendencia al alza durante 2025. En 9 de cada 10 casos las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, y el 33% de las jóvenes de entre 16 y 17 años -que viven bajo cuidados residenciales- han denunciado explotación.
Gran parte de estos casos no ocurren en calles oscuras, ni protagonizados por desconocidos. Ocurren en barrios, colegios, redes sociales, incluso en la propia casa. Los agresores no son estereotipos delictivos: son adultos que se infiltran en la vida cotidiana, ganándose la confianza de las víctimas y sus familias. El séptimo boletín alerta sobre cuatro tácticas comunes: el grooming, que utiliza vínculos afectivos en entornos digitales; la manipulación emocional, disfrazada de protección o ayuda; las falsas oportunidades, que prometen movilidad social; y las relaciones transaccionales, tipo "sugar daddy", donde la violencia se oculta bajo la apariencia de consentimiento.
En 2025, el Ministerio de Desarrollo Social impulsó una Mesa Intersectorial sobre Explotación Sexual Comercial de NNA, con participación de Mejor Niñez, Carabineros, el Ministerio Público y organizaciones como Fundación San Carlos de Maipo, que articulan desde la sociedad civil la plataforma Actuar es urgente. Sin embargo, especialistas advierten que las medidas siguen siendo reactivas más que preventivas.
El presupuesto destinado a la protección especializada para víctimas sigue estancado, se carece de un modelo no residencial de tratamiento de trauma complejo y violencia derivado de este tipo de casos. En la actualidad, la respuesta ha sido residencial y muchas residencias carecen de personal capacitado para detectar y abordar esta temática. Asimismo, la cobertura de estos programas no supera el 20% del total de víctimas.
Por esto es que el llamado es a pasar del diagnóstico a la acción. La explotación sexual no es un problema "de otros", sino una responsabilidad colectiva. Los explotadores operan desde la confianza, no desde el miedo; desde la promesa, no desde la amenaza. Romper este círculo requiere una ciudadanía vigilante, un Estado articulado y una justicia que no normalice lo inaceptable y promueva soluciones alternativas a la residencial para este tipo de vulneraciones graves.
No basta con conmemorar los derechos humanos; hay que defenderlos, especialmente cuando se trata de los más vulnerables.
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