Tres muertes en un mes
Las recientes muertes de un niño y dos adolescentes en residencias bajo administración directa del Estado nos enfrentan, una vez más, a una verdad que nos duele; Chile no es capaz de proteger a miles de niños que están bajo el cuidado estatal. Durante solo este año un adolescente fue calcinado por bandas criminales, luego de escapar de su residencia; una adolescente -que había sido víctima de explotación sexual mientras vivía en una residencia- murió tras una descompensación en circunstancias aún no aclaradas; y un niño de tres años falleció por inmersión en una residencia de protección.
Tres tragedias distintas que vuelven a confirmar un diagnóstico que el país repite desde hace más de una década: la protección de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables falla demasiado seguido y por razones estructurales.
La principal explicación es conocida. El Estado no ha logrado construir una oferta suficiente que permita a estos niños recuperar su derecho fundamental a vivir en familia. Por el contrario, se ha mantenido como eje el modelo residencial, pese a la contundente evidencia nacional e internacional que demuestra las ventajas de priorizar cuidados familiares: revinculación con la familia de origen, acogimiento familiar y adopción.
Las cifras son elocuentes. En Chile hay más de 5 mil niños viviendo en residencias, mientras existen apenas unas 450 familias de acogida profesionales y no más de 250 adopciones al año. Al mismo tiempo, el presupuesto destinado a la oferta residencial alcanza cerca de $2.300.000 mensuales por niño, mientras que los programas de acogimiento familiar reciben menos de la mitad de ese monto.
Los tres casos mencionados, lamentablemente no son hechos aislados. Son el reflejo de muchas otras historias en las que el Estado no logró prevenir ni cambiar la trayectoria de vida de un niño y su familia tras una vulneración grave. Historias que hablan de desprotección, de debilidades institucionales y también de una persistente falta de decisión política para cambiar el rumbo.
Desde Fundación San Carlos de Maipo, junto a organizaciones de la sociedad civil como Fundación Ilumina y Colunga, vemos que para prevenir nuevas tragedias es fundamental avanzar decididamente hacia un sistema que garantice el cuidado familiar como primera opción y reduzca al mínimo la institucionalización. Para ello se requieren medidas concretas: promover una verdadera cultura de apoyo al acogimiento; desarrollar campañas profesionales y sostenidas de captación de familias; fortalecer modelos de acogimiento familiar profesionalizados; garantizar acceso preferente a educación, salud y salud mental para los niños en acogimiento; asegurar financiamiento suficiente para estos programas; y otorgar apoyos económicos adecuados, tanto a las familias de origen, como a las familias de acogida.
Si como país queremos evitar que tragedias como estas se repitan, debemos asumir lo que la evidencia y nuestra propia legislación ya establecen con claridad: los niños y niñas deben crecer en familia, no en residencias. El acogimiento familiar no es una alternativa secundaria. Es una obligación ética, institucional y política que Chile no puede seguir postergando.
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