Atacar UNRWA es atacar a la nación palestina
La recientemente aprobada legislación del Knéset israelí, que declara ilegal y terrorista a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA), tiene que ser vista como una violación al Derecho Internacional y una ofensa para el sistema de las Naciones Unidas.
El 22 de julio de 2024 se aprobaron, en su primera lectura, tres proyectos de ley que: Designaban a la UNRWA como organización terrorista, revocaban sus privilegios e inmunidades y prohibían sus operaciones dentro del territorio israelí. El 29 de septiembre, el comité fusionó los dos primeros proyectos de ley para posteriormente aprobar el fusionado -junto con el tercero- en segunda y tercera lecturas, el 6 de octubre.
La información disponible sobre los proyectos de ley sugiere que estos proyectos de ley anularían el Canje de Cartas Comay-Michelmore de 1967, que establecían que Israel le permitía a UNRWA operar en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este con su cooperación para la protección, seguridad, movimiento de personal y exenciones fiscales. Con los nuevos proyectos de ley, UNRWA perdería sus privilegios e inmunidades como entidad de la ONU y no se permitiría ninguna interacción oficial entre las autoridades de la ocupación israelí y UNRWA. Desde el punto de vista operativo, estas medidas desmantelarían la capacidad concreta de la UNRWA para funcionar dentro de los territorios palestinos ocupados.
Los constantes esfuerzos del gobierno ocupante por desacreditar a la UNRWA tienen como objetivo socavar su labor vital, que ha sido el sustento principal durante más de 76 años para más de 5,9 millones de refugiados palestinos. UNRWA proporciona servicios esenciales, incluidos alimentos, educación, atención sanitaria y apoyo social. Sólo en Jerusalén Oriental, 17 instalaciones de la UNRWA atienden a más de 200.000 refugiados; mientras que 96 escuelas en Cisjordania y Jerusalén educan a casi 49.000 estudiantes. En Gaza, 284 escuelas apoyan a 298.000 estudiantes y los servicios de atención sanitaria se prestan a través de 22 centros en Gaza y 43 en Cisjordania y Jerusalén, proporcionando un apoyo fundamental a las comunidades vulnerables.
Las nuevas leyes que afectan a la UNRWA contravienen marcos jurídicos internacionales. Violan los artículos 2(5) y 105 de la Carta de las Naciones Unidas, que ordenan el respeto de los privilegios e inmunidades de los organismos de la ONU, así como la Convención de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, que protege las operaciones de la ONU. Las leyes hacen caso omiso de las Cartas Comay-Michelmore, en las que Israel se comprometió a salvaguardar al personal y las instalaciones de las Naciones Unidas.
Además, violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluidas las Convenciones de Ginebra, que exigen la protección de los organismos humanitarios. La Resolución 302 (IV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas refuerza aún más el papel de UNRWA en la ayuda a los refugiados palestinos, que estas leyes socavan. También desafían las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que confirman la ilegalidad de la ocupación israelí y hacen hincapié en la protección de las poblaciones civiles.
Por último, contradicen la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que afirma la falta de soberanía de Israel sobre los territorios palestinos ocupados, lo que refuerza la falta de legitimidad de las políticas impuestas por una potencia ocupante.
Es importante señalar que, en respuesta a las acusaciones de que los empleados de la UNRWA estaban involucrados en los ataques del 7 de octubre, varios países congelaron inicialmente su financiación a la organización. Sin embargo, un informe encargado por la ONU a Catherine Colonna, no encontró evidencia que vincularan al personal de UNRWA con el terrorismo. Colonna destacó las fuertes medidas de neutralidad de la agencia y presentó 50 recomendaciones para mejorar aún más sus operaciones.
Tras la publicación del informe, varios países donantes, entre ellos Canadá, Suecia, Australia, la Unión Europea, Islandia, Finlandia, Alemania, Francia, Japón, Estonia, Austria, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Lituania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Letonia, Rumania y Suiza, restablecieron su financiamiento a UNRWA.
Israel no tiene soberanía sobre el Estado palestino ocupado, incluida Jerusalén Este, que son los territorios en donde la ocupación quiere impedir el funcionamiento de UNRWA. La potencia ocupante no puede ignorar el acuerdo entre el Estado palestino y la ONU, especialmente cuando es lo único que mantiene con vida a los casi dos millones de palestinos desplazados en Gaza debido al genocidio de la ocupación. Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, un Estado miembro permanente prohíbe las operaciones de una organización internacional, en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los términos de su membresía. ¿Cómo es posible que Israel pueda al mismo tiempo ser parte y negar una de sus agencias sin negarla en su totalidad?
Provocar el colapso de la UNRWA tendría consecuencias graves que no sólo ignorarían la situación de los refugiados palestinos, sino que también transformaría esta cuestión en una responsabilidad política, moral y jurídica de larga data para la comunidad internacional. Además, se convertiría en un desafío y una crisis urgentes que requerirían atención tanto en la región como en el ámbito global.
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