Represión y vulneración de derechos humanos

La reactivación de las movilizaciones estudiantiles ha puesto en evidencia una situación muy cuestionable en el actuar de Carabineros en su función de resguardo del orden público. En las últimas semanas se han sumado varias denuncias de uso excesivo de violencia policial en contra de estudiantes, lo más grave es que involucra a menores de edad y mujeres, en una acción a todas luces desproporcionada entre la fuerza y pertrechamiento de Carabineros, especialmente de las Fuerzas Especiales en contra de menores.

Frente a esa situación de inusitada violencia, es que he manifestado mi preocupación ante el señor Director General de Carabineros, porque creo que es inaceptable, que los jóvenes que están en movilizaciones, que están luchando por la educación, se los esté tratando a palos, esposándolos y menos desnudándolos en las comisarías.

Desgraciadamente esta actitud de Carabineros no ha sido una acción aislada, sino que se ha repetido a lo menos en tres oportunidades, lo cual demuestra que hay una conducta concertada frente al tratamiento de los estudiantes.

Como es de conocimiento público, alumnas del Liceo Javiera Carrera, de Santiago, formularon una denuncia que fue refrendada por una apoderada que también cayó detenida, respecto a que habían sido obligadas a desnudarse en el recinto policial, de igual modo, alumnos del Liceo María Luisa Bombal, de Rancagua, que fueron desalojados por la policía, llevados a una comisaría y según declararon les obligaron a sacarse la ropa.

Junto con lo anterior se conoce la denuncia realizada por alumnos de la Universidad Alberto Hurtado, respecto al violento proceder de Carabineros, que ingresaron al recinto universitario para detener a estudiantes atacando a jóvenes sin provocación alguna y mofándose frente a algunos de ellos diciendo que en el bus tenían desnuda a su hermana.

Como era de esperar, finalmente el General Director de Carabineros, frente a estas situaciones tan inconcebibles en el actuar de la fuerza policial, resolvió sancionar a cuatro funcionarios ligados a la represión en el Liceo de Rancagua.

Pero a nuestro entender no se trata solo de aceptar medidas administrativas. En el actuar de Carabineros ha habido la presunción de la comisión de delitos graves, que deben ser investigados, los cuales podrían ser calificados de tortura, de lesiones, y de menoscabo de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, circunstancia que implica una flagrante violación a normas consagradas en instrumentos internacionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de la Mujer y la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Carabineros de Chile, es una fuerza instituida por la Constitución de la República, para el resguardo del orden y la seguridad pública, por lo tanto está obligada a cumplir perentoriamente con la Ley y las normas del estado de derecho.

La forma, los procedimientos con los cuales esta entidad policial cumple su rol, no puede estar reñida ni con la legislación vigente, ni con los estándares internacionales de derechos humanos.

Más allá de las culpas y las sanciones que deben ser ejemplares por la gravedad de los hechos, lo que está en juego, es una visión de cómo en Chile, estamos valorando la vida humana, el respeto a la dignidad de las personas, especialmente de nuestros niños, niñas y jóvenes, de parte de quienes el Estado le ha encargado el uso de las armas y elementos de disuasión del delito y el orden.

En este ámbito hay un claro déficit, una práctica que está completamente errada, porque hoy fueron los estudiantes que protestan, pero ayer fueron los niños mapuches baleados mansalva.

Esas situaciones son las que un Estado Democrático no puede tolerar y es necesario, que se asuman responsabilidades en el más alto nivel, para no seguir lamentando hechos como los denunciados.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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