Seguridad ciudadana y gobiernos locales

Recientemente el Ministerio Público dio a conocer las cifras de denuncias correspondientes al primer trimestre de 2014, reflejando un aumento en delitos contra la propiedad, ilícitos que por sus características y frecuencia son los que más impactan en la población.

Estas cifras permiten realizar una reflexión serena y prudente sobre un tema siempre vigente y delicado, como es la seguridad ciudadana y el rol de los gobiernos y comunidades locales, en complemento con las acciones del sistema de seguridad y de persecución penal.

Al respecto, es posible decir que en Chile la lucha contra la delincuencia paulatinamente se ha ido profesionalizando sobre la base del conocimiento aplicado y de la generación de estadísticas, cuyas cifras han venido a reflejar de modo más objetivo la naturaleza de la delincuencia.

Sólo desde el año 2004 el país cuenta con una “Política Nacional de Seguridad Ciudadana”, la cual estableció los criterios orientadores que enmarcaron las estrategias y los programas respectivos. Más tarde, en el 2006, se consolida este proceso mediante la implementación de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública” y, posteriormente, se dio un nuevo paso con la ejecución del “Plan Chile – Seguro”.

La victimización y el temor comenzaron a medirse, a fin de tener fotografías lo más exactas posible respecto de lo que ocurre en la práctica. Nació así la “Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana”, que representó un salto cualitativo en la materia, por cuanto se focalizó no sólo en las denuncias, sino que en la victimización efectiva y en la percepción de inseguridad.

Este instrumento, unido al estudio de la experiencia comparada, permitió sacar conclusiones relevantes y basadas en evidencia.

Por ejemplo, se logró identificar que la criminalidad urbana responde a “patrones específicos”, tanto territorialmente como en lo relativo al tipo de delitos y al perfil de sus ejecutores.En general, los delitos ocurren en determinados territorios y en horas establecidas y, a su vez, los delincuentes tienden a ser los mismos.

Estos antecedentes han permitido consolidar los tres ejes de acción que se requieren para un efectivo combate a la delincuencia, a saber: prevención (social – situacional - policial), control-sanción y rehabilitación-reinserción social.

En rigor, las personas están hoy demandando más y mejor “seguridad ciudadana”.Ésta – más allá de cualquier definición jurídica o técnica - equivale al ejercicio de un derecho respecto de un bien público, que en el presente se ve afectado por factores socio-institucionales tales como la criminalidad y la actuación de los organismos responsables de prevenir y controlar la inseguridad objetiva e impartir justicia.

En otras palabras, las personas exigen mucho más que un eficaz combate del crimen, demandan un clima social óptimo para el desarrollo humano.

En este contexto es importante destacar un elemento que ya no es tan nuevo en el escenario de la promoción de la seguridad ciudadana, y que dice relación con que el Estado ha cambiado la forma de concebir su papel.

Antes éste asumía casi de manera exclusiva y excluyente su función de generar tranquilidad ciudadana. No obstante hoy - y a partir del interés de contar con un Estado moderno y eficiente -, se busca fortalecer el rol de la sociedad civil y de la comunidad organizada en propósitos de interés común. El Estado se trasforma así en un promotor de alianzas para un objetivo compartido.

Asimismo, el diseño de políticas públicas sobre seguridad se ha dado en el marco de la reflexión de la modernización del Estado, lo cual implica la modificación de su referente socio-territorial.

El Estado moderno debe “funcionar” activamente en el nivel local. Esto implica una innovación en la estrategia y accionar del aparato público, pues  debe diseñar las políticas “con” la gente y no “para” la gente. Es por ello que la política de seguridad debe estar orientada hacia las comunas e, incluso, a nivel de barrios, pues la magnitud y naturaleza de la delincuencia y la inseguridad subjetiva difieren significativamente de un sector de la ciudad a otro, explicando muchas veces el carácter local y dinámico de algunos problemas.

En este escenario, no se obtendrán resultados satisfactorios si no se promueve el apoyo técnico y financiero a los gobiernos locales, y si no se construyen “coaliciones” o “acuerdos de trabajo conjunto y coordinado” entre las instituciones públicas y privadas competentes en el ámbito de la prevención.

En efecto, la construcción de comunidades más seguras es una exigencia inter-sectorial, pues incluye variables tales como la planificación urbana, la vivienda, la escuela, la juventud, los servicios sociales, la violencia doméstica, la policía y la justicia, entre otros.

También es fundamental establecer una política de cooperación para la implementación de medidas que limiten el acceso a los “facilitadores de la violencia y la delincuencia”, como las drogas y las armas. En este contexto, la ciudadanía puede y debe contribuir ocupándose de grupos vulnerables, sean éstos “potenciales víctimas” o “potenciales infractores”.

La experiencia internacional, particularmente en países desarrollados donde las políticas y estrategias de prevención del delito tomaron forma a principios de los años 80, avanzaron en los 90 y se consolidaron en los años recientes, destaca los siguientes aspectos.

1) Que las comunidades locales deben ser el foco central para la prevención.

2) Que son necesarias coaliciones multi-sectoriales y multi-modales que apunten a factores de riesgo.

3) Que es esencial un proceso riguroso de diagnóstico, un plan de acción, una implementación coordinada, así como el monitoreo y la evaluación del programa.

En síntesis, la seguridad ciudadana no es sólo una iniciativa policial (por cierto importante, primordial e irrenunciable en calidad y cantidad), sino que también es un esfuerzo amplio y coordinado entre el Estado y sus instituciones, los gobiernos locales y los vecinos organizados.

Sé que en el ámbito de la delincuencia se busca respuestas rápidas y de corto plazo, pero como hemos podido comprender, la seguridad ciudadana es un desafío complejo, dinámico y permanente.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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