Violencia ¿dónde está el Estado?

Julio fue un mes marcado por hechos de considerable violencia hacia mujeres y niñas. El país ha quedado al desnudo, con todas sus limitaciones e incapacidades de cautelar el derecho humano básico de las mujeres, a la integridad física y psicológica y a vivir una vida sin violencia en cualquiera de sus formas.

Incestos, violencia sexual con resultado de embarazo, femicidios que aumentan, horribles crímenes contra mujeres han sorprendido a la opinión pública. En muchos casos, estos hechos coinciden con graves condiciones de pobreza.

¿Dónde estuvo el Estado? ¿Dónde están las instituciones que deben garantizar los derechos de las niñas y de las mujeres? ¿Qué ha sucedido con la legislación aprobada?¿Por qué no se han aprobado leyes que mejorarían la protección de esos derechos?

Hace un año el Senado decidió no debatir en torno a una legislación que considerara causales para despenalizar el aborto, un derecho que existió hasta el año 1989, cuando la dictadura militar lo eliminó del Código Sanitario.

En mayo el ministerio de Salud, cuando finalmente entregó el reglamento para la ley 20.418 (2010) sobre derechos en materia de regulación de la fertilidad que consagra la obligación del Estado de garantizar educación sexual en la enseñanza media, este no establece las condiciones para la educación sexual que deben entregar los establecimientos, sólo reitera el derecho. El programa “Contacto” puso al descubierto las insuficiencias del ministerio de Educación en el cumplimiento de este mandato.

En enero de este año, el SERNAM obligó a la oficina ONU en Chile a retirar los afiches de la campaña “Mujeres por más”, destinada a crear conciencia sobre la discriminación que sufren las mujeres, acusando la utilización de cifras desactualizadas. Pues bien, en lo que va corrido del año, los femicidios casi duplican aquellos acaecidos en 2012 en los primeros 5 meses.

Un informe del Poder Judicial y UNICEF dio cuenta de los graves abusos sexuales y violaciones de los derechos de los niños en el SENAME, institución que debía cautelarlos.

Hasta la fecha el proyecto de Ley de Protección integral de la infancia duerme en el Senado, sin patrocinio del Ejecutivo y sin urgencia para su discusión.

Cada una de estas “renuncias” del Estado a su rol de protección y promoción de derechos deja a niñas y mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En este contexto, organizaciones de feministas y jóvenes convocaron a la primera marcha y movilización nacional destinada a reponer el debate en torno al derecho al aborto, bajo el lema "Aborto libre, seguro y gratuito".

Miles de jóvenes, mujeres y hombres, expusieron las reivindicaciones históricas de los movimientos de mujeres en toda América Latina: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Terminada la marcha, un grupo muy pequeño de manifestantes ingresó a la Catedral, donde se desarrollaba una misa y descargó su rabia y frustración, apuntando al rol que históricamente ha jugado la Iglesia Católica en la subordinación de las mujeres y como freno a los derechos sexuales y reproductivos.

No compartimos esa acción y rechazamos la violencia cuando se trata de abrir espacios de debate. Sin embargo, esos hechos no pueden llevarnos a ignorar el llamado de atención de los miles de manifestantes, sus organizaciones y movimientos a la sociedad y a las autoridades, en cuanto a asumir una realidad en extremo dolorosa de vulneración sistemática de derechos.

Es importante avanzar y aportar elementos para el debate en torno a los graves problemas señalados. Las organizaciones de la sociedad civil queremos contribuir a construir puentes de diálogo con las y los actores sociales y con las instituciones responsables de prevenirlos y de sancionar la violación de derechos de mujeres y niñas.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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