Autorrregulación para avanzar en seguridad hídrica
Vivimos en sociedad, los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás. Esa misma norma aplica a la hora de hacer mal uso de los recursos hídricos o cuando inescrupulosamente se intervienen los cauces de los ríos.
Considerando que el cambio climático se evidencia en nuestro país con una sequía que ya se extiende por 14 años y que hoy tiene a 34 comunas de las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo y Los Lagos con decreto de escasez hídrica, resulta impresentable que se sigan cometiendo infracciones al Código de Aguas.
El incumplimiento al sistema de monitoreo de extracciones efectivas, obras no autorizadas en cauces y extracción de aguas no autorizadas fueron las contravenciones más multadas durante el 2024 por la Dirección General de Aguas del MOP, como resultado de las 928 multas que se cursaron en el marco de 2.256 fiscalizaciones resueltas por nuestro equipo de fiscalización a lo largo del territorio.
Sanciones económicas que durante el 2024 llegaron a 9 mil 624 millones de pesos, aproximadamente, y que en muchos casos fueron acompañadas con órdenes de corregir las desviaciones, como el cese inmediato de extracciones de aguas o presentar proyectos a modo de rectificación, con el fin de que las personas actúen de acuerdo a la normativa vigente.
Sin embargo, cabe recordar que la labor fiscalizadora de la DGA no persigue la recaudación de dinero para el fisco, sino que busca que las personas no cometan infracciones y así avanzar en seguridad hídrica.
Es importante resaltar el siguiente número: el 65% de las fiscalizaciones se iniciaron por iniciativa propia de la DGA, mientras que el 35% restante es producto de las denuncias formuladas por la ciudadanía. El despliegue del Servicio en terreno, arrojó como resultado un 12% más de fiscalizaciones resueltas que en 2023, 61% más que en 2022, 73% más que en 2021 y 89% más que en 2020. Lo anterior, producto de que hemos podido reforzar nuestras direcciones regionales de Aguas e incorporar tecnología.
Podríamos decir que nuestra gestión fiscalizando ha sido exitosa, las direcciones regionales de Aguas de Valparaíso, Coquimbo y Antofagasta lideraron con creces la cantidad de fiscalizaciones resueltas; justamente dos de ellas son regiones fuertemente golpeada por la sequía. Pero el verdadero logro sería que las fiscalizaciones y multas disminuyeran, producto de la propia autorregulación de la personas y empresas, considerando que como sociedad queremos y debemos avanzar hacia un objetivo común.
Hay derechos y deberes. Y está el deber de cumplir con la normativa no solo para evitar sanciones, sino porque el sentido común nos dice que para cuidar un bien finito como el agua hay que actuar responsablemente.
¿Por qué extraer más de lo que otorga el derecho de aprovechamiento de aguas? ¿Por qué no presentar un proyecto para aprobación de la DGA cuando se quiere intervenir un cauce? ¿Por qué no instalar un flujómetro e informar a la DGA el agua extraída?
Buscamos que nuestras fiscalizaciones tengan un efecto disuasivo entre la población y que la misma ciudadanía internalice que también tiene el deber de ejercer la fiscalización, denunciando aquellas situaciones que consideren anómalas.
Nos interesa resguardar tanto el derecho humano al agua como la función ecosistémica y productiva de las aguas, pero se requiere la participación activa y comprometida de la sociedad civil, sectores privado y público para proteger la sustentabilidad de las fuentes de aguas subterráneas y superficiales con acciones concretas.
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