Senadores estén a la altura de la grave crisis hídrica en Chile

Esta semana concluye la votación de la Reforma al Código de Aguas en la Comisión de Agricultura del Senado, faltando votar artículos determinantes cono la extinción de derechos de agua por no uso y el carácter de concesiones temporales renovables para el otorgamiento de nuevos derechos. Lamentablemente, el Ejecutivo y Chile Vamos intentan que se mantenga el otorgamiento de derechos de carácter indefinido y perpetuo; a pesar de que el agua es un bien público que el Estado debe proteger, gestionar sustentablemente y distribuir equitativamente, especialmente en épocas de crisis hídrica como hoy. 

La seguridad hídrica es el principal desafío de nuestro país frente al cambio climático.  Continuar entregando derechos perpetuos que dificultan la acción pública para frenar la sobreexplotación de los ríos y proveer agua a las poblaciones rurales vulnerables, crianceros y pequeños agricultores, para su subsistencia. 

No pueden, una vez más, dilatar el avance de una reforma fundamental para la equidad y seguridad hídrica de Chile.

El agua es, en todo el mundo, un derecho humano y un bien de la humanidad y en Chile no puede seguir siendo propiedad privada, sino que es imperativo que por lo menos, los derechos nuevos sean concesiones temporales. Senadores, estén a la altura de esta grave crisis.

Debo además recordar que la industria agroexportadora y la minería son las mayores consumidoras de agua del país. Según la Water Footprint Network se necesitan dos mil litros de agua para producir sólo un kilo de paltas. Y en el caso de la minería, un estudio realizado por ARIZONA DEPARTMENT OF MINES AND MINERAL RESOURCES estableció que una tonelada de cobre se produce con 214 mil 578 litros de agua, mientras una persona consume en Chile 170 litros diarios, en promedio.

El gobierno y Chile Vamos han amenazado, obstaculizar el avance de la reforma que es fundamental para priorizar el consumo humano del agua, si la oposición no accede a renunciar al establecimiento de concesiones temporales para el aprovechamiento de aguas por los privados. Estas concesiones ya fueron aprobadas en la Cámara en 2016 y en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en 2017. 

Creemos que defender frente a la ciudadanía, lo avanzado en 9 años de tramitación, es clave. La oposición se juega en ello su coherencia política en el contexto de la crisis social, donde la recuperación del agua es una demanda central para la dignidad, la justicia y seguridad hídrica del país.

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