Un paso al frente y tres hacia atrás
Pareciera que nuestro país ha cambiado considerablemente desde agosto de 2021, fecha en que se promulgó la ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas (Ley 21.368). En ese entonces, la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt -en la segunda administración de Sebastián Piñera- declaró que "la aprobación de este proyecto, apoyado transversalmente por los parlamentarios y la sociedad civil, es un hito en el cuidado y protección del medio ambiente de Chile. Un proyecto responsable, pero ambicioso que permite hacernos cargo de más de 23.000 toneladas de plásticos de un solo uso que generan, al año, locales como restaurantes, bares, cafeterías y el delivery".
Sólo 4 años después, sin ninguna razón aparente (sobre todo si consideramos que la basura que inunda nuestros océanos y otros ecosistemas sólo crece), la percepción parece ser muy distinta: el "apoyo transversal" del Congreso aparentemente se ha diluido, y las presiones de grupos empresariales parecen haber debilitado la conciencia de los parlamentarios respecto de la importancia de esta regulación para nuestro medio ambiente y la sociedad en su conjunto.
Prueba de ello es que sólo entre marzo y agosto de este año se han presentado tres nuevos proyectos de ley que buscan modificar la Ley 21.368 (y que se suman a aquellos presentados en 2024 para dilatar la puesta en marcha de esta regulación). El primero de ellos, fue presentado en marzo por tres senadores -de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Partido Socialista-; el segundo fue presentado en mayo por cuatro diputados de los partidos Social Cristiano, UDI, Republicano y RN; y el tercero, presentado en agosto, cuenta con la autoría de 5 senadores de amplio espectro político -UDI, RN, Demócratas y PS-.
Todos pretenden continuar con la entrega de plásticos para consumo dentro de los establecimientos y dilatar la implementación plena de la ley, pese a que esto ya se hizo en agosto de 2024, cuando se modificaron los plazos de entrada en vigencia de algunas de las obligaciones contempladas en la Ley 21.368, postergando su aplicación a 54 meses en total, vale decir, hasta febrero de 2026.
De estos tres proyectos de ley, el que más avances registra es el presentado por los cuatro diputados de derecha en mayo de este año (Boletín N° 17547-12), el que fue aprobado hace algunos días -tanto en sus discusiones en general como en particular- por la Sala de la Cámara Baja, pasando a su segundo trámite constitucional, donde será debatido en la Comisión de Hacienda del Senado. Una propuesta legislativa nefasta, al buscar modificar la normativa estableciendo que la prohibición no será aplicable a productos de un solo uso elaborados con materiales reciclables o reutilizables, en un claro retroceso respecto de lo logrado en 2021.
Cabe señalar que la aprobación de nuestra Ley de Plásticos constituyó un gran hito para la protección del medio ambiente, poniendo al país a la vanguardia en legislación ambiental, al hacerse cargo de manera eficiente de la enorme cantidad de basura que generan este tipo de plásticos. Pero la enorme presión ejercida por las grandes empresas gastronómicas (principalmente cadenas de comida rápida) y la industria productora de plásticos ha logrado que nuestro Congreso borre con el codo lo que acababa de firmar con su mano, poniendo en entredicho la seriedad de la toma de decisiones de nuestros parlamentarios y el respeto que le deben a las comunidades y sus representados, al elegir ponerse al servicio de industrias que sólo buscan ganar tiempo para seguir contaminando.
Si consideramos que en Chile la tasa de reciclaje alcanza sólo 10,3% de los plásticos generados, según información proporcionada por el Estudio de Reciclaje y Valorización de Plásticos en Chile, elaborado por Asipla, resulta una verdadera burla a la inteligencia de las personas que este grupo de diputados proponga entregar elementos "reciclables", aun cuando saben que en su gran mayoría estos plásticos no cumplirán ese propósito, sino que terminarán alimentando nuestros basurales y, eventualmente, contaminando nuestros ecosistemas.
Es hora de ser realistas en esta materia y dejar esta tendencia a la regresión de legislaciones ambientales a la que nuestros parlamentarios nos han acostumbrado en los últimos años, y urge que logremos avanzar en políticas públicas que beneficien al gran conjunto de la población y no sólo a unas pocas empresas. Es de esperar que el Senado rectifique esta situación, para que así podamos dejar de celebrar el avance de un paso (por grande que sea), cuando tan sólo unos años después nos obligan a retroceder tres.
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