Si hay algo que caracteriza estos primeros cien días de Gobierno es el despliegue de una poderosa estrategia comunicacional.
El primer pilar de esta estrategia ha sido cuestionar la gestión del Gobierno anterior, dejándose llevar por la tendencia tan propia de las redes sociales, donde lo popular es atacar y destruir, y la excepción es reconocer y valorar.
No se ha trepidado en distorsionar e incluso mentir, incluso en boca de algunos ministros, como ha ocurrido con la situación fiscal.
Cree el Ejecutivo que menoscabando al Gobierno saliente ensancha su propia base de apoyo, pero se olvida que los edificios se construyen ladrillo sobre ladrillo y que debilitando unos, se afecta a toda la estructura.
Lo segundo ha sido promover acuerdos nacionales, para hacer pasar como propias medidas o políticas que pertenecen a todos y que hace rato han sido consensuadas, para llevar la discusión fuera del Congreso en que no tiene mayoría, o simplemente, para intentar generar diferencias dentro de la oposición, como lo reconoció un Senador oficialista, cuando sus propuestas no tienen posibilidad de ser aprobadas.
Tenía la opción de buscar acuerdos acotados, realistas y viables, para lo cual es muy difícil que alguien de la oposición se hubiera restado, pero prefirió el status quo, que en la práctica, congela todo avance.
Piensa el Gobierno, que el impulso reactivador de la economía, que viene desde fines del 2017, bastará para mantener el apoyo de la ciudadanía, asumiendo que no podrá aprobar reformas, especialmente aquellas que pretendían revertir avances sociales.
La tercera línea de trabajo, es la utilización hasta el cansancio de recursos efectistas y populistas, que apuntan a generar una sensación de apoyo aunque no se resuelva ningún problema. Esto es especialmente aplicable en materia de seguridad pública ¿O alguien cree que con el Presidente patrullando las calles se mejorará la sensación de seguridad o disminuirán los delitos?
Hay imágenes o conceptos recurrentes que intentan instalar en la opinión pública: golpes de autoridad, gobierno de excelencia, inflexibles con la probidad, promotores de una agenda valórica liberal.
Sin embargo, al cabo de estos primeros cien días, la porfiada realidad comienza a imponerse sobre cualquiera estrategia comunicacional.
¿Cuál es la realidad? Hasta ahora, una partida en falso.
Nombramientos fallidos, incluyendo parientes, Seremis sin título o con problemas con la justicia, peticiones de renuncia que vulneran el sistema de alta dirección pública y desvinculación de funcionarios más allá de los que correspondían a exclusiva confianza.
Ambigüedad en política económica con anuncios de reforma tributaria y recorte presupuestario que terminan en la mantención de las tasas impositivas y en el retiro de decretos de ajuste.
Sequía legislativa. Dice que ha presentado 32 proyectos y hasta ahora solo ha presentado ocho proyectos nuevos y no ha aprobado ninguno, mientras que, a esta misma fecha, el Gobierno de la Presidenta Bachelet había presentado 23 mensajes, de los cuales cuatro ya eran ley de la República.
Entre las principales iniciativas que se presentaron en esa época figuraban el bono marzo en carácter de permanente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Reforma Tributaria, la Reforma al Sistema Binominal, la creación del administrador provisional de instituciones de educación superior, la ley de inclusión escolar, el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, entre otras iniciativas que hoy ya son ley y que han hecho de Chile un país más justo.
El Gobierno dijo que respetaría lo que aprobara el Congreso en materia de interrupción del embarazo en tres causales, pero en la primera semana impulsó un protocolo ilegal que amplía la objeción de conciencia en perjuicio de las mujeres.
Se mostró moderno y partidario de las libertades personales y la no discriminación, pero sus indicaciones en los proyectos de identidad de género y adopción van en contra de esa posición.
Defiende la institucionalidad, pero persistentemente ha criticado a los jueces.
Prometió expandir la gratuidad pero solo lo propone para un número muy limitado de nuevos estudiantes.
Anunció una reforma a la cuestionada ley de pesca, pero solo presentó un proyecto acotado e insuficiente de ley corta.
Por cierto, no todo ha sido negativo.
Aunque no comparta todas sus propuestas, hay que reconocer que tomó la iniciativa en materia de migraciones y en el cambio de alto mando de carabineros, dio continuidad a la defensa de los intereses de Chile en La Haya, relevó el tema de la infancia y - aunque no sea muy auténtico - asumió algunas de las demandas del movimiento feminista.
Felizmente también, no ha intentado desmantelar las reformas del gobierno anterior, al menos legislativamente, aunque ello se deba más a la correlación en el Congreso que a sus convicciones.
Espero que el Gobierno haga un balance realista y rectifique, para que pueda concretar algunos de sus compromisos en materia de crecimiento y seguridad.
Y que en materia social, si bien no puedo esperar que impulse reformas contrarias a su ideario, al menos logre aprobar modificaciones que respondan a algunos de los más graves problemas que sufre la gente, sobre todo en su previsión y salud.
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