Democracia bajo tensión: representación, gobernabilidad y calidad de la política en Chile

Eduardo Saffirio Suárez

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En el debate público chileno conviven hoy dos lecturas contrapuestas sobre el momento político. Para algunos, el país atraviesa una "crisis democrática". Para otros, pese a las tensiones visibles, el régimen mantiene su estabilidad institucional. Una evaluación más rigurosa sugiere una posición intermedia: Chile cuenta con un orden democrático que ha demostrado una capacidad significativa de absorción frente a choques sociales, económicos, sanitarios y políticos, pero que enfrenta tensiones relevantes en representación política, eficacia decisoria y calidad de la convivencia cívica y, de manera creciente, en la calidad misma de la política. A ello se suma un riesgo menos evidente, pero crucial: la configuración de un sistema de partidos crecientemente atomizado y polarizado.

La secuencia de crisis desde 2019 ofrece un buen punto de observación. El estallido social, la pandemia, el repunte inflacionario y dos procesos constitucionales concluidos con rechazos plebiscitarios supusieron desafíos de magnitud excepcional. Hubo conflictividad intensa, episodios de violencia, violaciones de derechos humanos y un cuestionamiento transversal a las élites. Sin embargo, estos procesos se canalizaron dentro del marco institucional: se mantuvo la continuidad constitucional, se realizaron elecciones competitivas, se respetaron resultados adversos y no emergieron actores con capacidad efectiva de subvertir el orden democrático por vías extra-institucionales. Las reglas formales continuaron operando bajo condiciones de estrés significativo.

Esta resiliencia no ha sido gratuita. La confianza en órganos y actores se ha erosionado, el malestar ciudadano persiste y la conflictividad ha sido elevada. No obstante, hasta ahora estos fenómenos no se han traducido en un respaldo significativo a alternativas abiertamente antidemocráticas. Las encuestas disponibles sugieren que, pese al descontento socioeconómico y al aumento de la criminalidad, la ciudadanía mantiene preferencias normativas mayoritarias por la democracia como sistema de gobierno, aun cuando evalúe críticamente su funcionamiento.

En relación con el uso de la violencia, la evidencia es menos concluyente. Algunas encuestas muestran un rechazo mayoritario a la violencia y a la vulneración de derechos fundamentales como medios legítimos para alcanzar objetivos de política pública, mientras que otras arrojan resultados más ambiguos o contradictorios, dependiendo del contexto y de la formulación de las preguntas. Por ello, estos indicadores requieren un monitoreo permanente, ya que su evolución resulta clave para evaluar la situación futura de la convivencia democrática.

El principal foco de tensión se encuentra en el sistema de representación. Como ocurre en muchas democracias contemporáneas, los partidos han visto debilitada su función de intermediación entre sociedad y Estado. En Chile, este proceso ha sido particularmente intenso. Alta fragmentación parlamentaria, volatilidad electoral, debilitamiento de identidades partidarias y dificultades para estructurar coaliciones estables complican la agregación de intereses, la construcción de consensos y la rendición de cuentas. Mientras el apoyo difuso al régimen democrático parece relativamente estable, el apoyo específico a instituciones como el Congreso y los partidos ha experimentado una erosión sostenida.

A lo anterior se suma un problema adicional, a menudo subestimado: la baja calidad de la política. Este fenómeno se expresa en debates públicos pobres en contenido programático, predominio de lógicas comunicacionales de corto plazo, personalización excesiva de la actividad política, escasa disposición a la deliberación informada, deterioro de los estándares de responsabilidad, obsesión por el logro de cargos y renuncia a obrar en base a principios más altos. Por último, la esfera pública tiende a organizarse más en torno a la señalización adversarial y la confrontación expresiva que a la formulación y evaluación de soluciones viables. Ello no solo debilita la confianza ciudadana, sino que reduce la capacidad del sistema político para procesar demandas complejas y generar acuerdos mínimos.

Desde el punto de vista del desempeño institucional, el problema central no reside tanto en la legitimidad de los procedimientos democráticos como en la capacidad del sistema político para producir decisiones oportunas y pertinentes. La fragmentación y la polarización multiplican los vetos, elevan los costos de coordinación y entorpecen la construcción de coaliciones sólidas. Los gobiernos recientes han debido operar con mayorías frágiles o inexistentes, lo que impide la aprobación oportuna de reformas y la implementación coherente de políticas públicas.

Este problema se agrava por la combinación de fragmentación, polarización y baja calidad deliberativa. No se trata solo de la existencia de más actores, sino de actores ideológicamente más distantes y con incentivos para competir por liderazgo dentro de sus propios bloques, en lugar de buscar acuerdos transversales. Este patrón es especialmente problemático en una democracia que se estructura en torno a instituciones de toma de decisiones fundamentalmente consensuales. El riesgo principal no es un colapso abrupto del régimen, sino un deterioro gradual de la capacidad de decisión colectiva, con efectos acumulativos sobre la confianza ciudadana y la eficacia del Estado.

La polarización presenta, además, una característica relevante: hasta ahora se concentra principalmente en las élites políticas y en los espacios institucionales, más que en la ciudadanía. Sin embargo, esta distinción es frágil. El desplazamiento parcial del eje izquierda–derecha por un clivaje establishment versus antiestablishment incentiva la competencia expresiva, la diferenciación partisana y la fragmentación, estrechando aún más los márgenes para la cooperación política responsable.

Todo ello ocurre en un contexto de desafíos bien conocidos: bajo crecimiento, desigualdad persistente y debilidades en la capacidad estatal. Abordarlos requiere no solo estabilidad institucional, sino también una política de mayor calidad, capaz de deliberar con evidencia, priorizar con realismo y sostener políticas públicas más allá de la alternancia democrática.

Chile no enfrenta una crisis democrática en el sentido de un riesgo inminente de quiebre del régimen. Pero sí enfrenta tensiones persistentes que afectan su funcionamiento. El desafío central no es defender la democracia de amenazas existenciales, sino mejorar su capacidad de representación, decisión y calidad política en un contexto más exigente que el del pasado. Evitar tanto el catastrofismo como el optimismo complaciente es clave. La democracia chilena funciona, pero su calidad futura dependerá, en buena medida, de la calidad de la política que sea capaz de generar.