Recientemente, el gobierno del Presidente Boric logró un acuerdo sin precedentes con el Colegio de Profesores y Profesoras, para presentar un proyecto de ley que repara la deuda histórica. Tras años de lucha de las y los docentes, por primera vez un gobierno presenta una propuesta concreta para abordar esta vergonzosa situación que compromete al Estado de Chile. Podríamos discutir eternamente sobre el monto, la rapidez de los pagos y otros detalles -por cierto, perfectibles- del proyecto en cuestión, pero creo que lo esencial detrás de este debate va por otro lado. Si reconocemos y reparamos la deuda histórica, estamos sanando otra de las heridas que nos dejó la dictadura civil-militar en nuestro país.
Recapitulemos. Según fuentes oficiales del Ministerio de Educación, la deuda histórica corresponde a un perjuicio salarial que vivieron las y los profesores de escuelas públicas cuando la dictadura traspasó -en la década de 1980- la administración de dichos establecimientos desde el Estado central a las municipalidades, lo que impidió que recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el Decreto Ley N° 3.551. Esto no solo generó un impacto negativo en sus salarios, sino también en sus pensiones. Además, según datos entregados por el Mineduc, se identificaron 76 mil docentes en esta situación.
La municipalización no solo perjudicó a los establecimientos educacionales, sino que también a sus comunidades. Mientras más investigamos y escudriñamos, el nefasto legado de dicha reforma crece cada vez más. No solo son los déficits en infraestructura e inversión, la corrupción y la pérdida de aprendizajes, por nombrar algunos males, sino que también un retroceso en derechos laborales. ¿Y quién respaldó todo esto? La derecha chilena, que hasta el día de hoy defiende la desigualdad y precarización que causó abriendo las puertas al negocio con la educación y abandonando lo público.
La deuda histórica no se generó de forma espontánea. Hay responsables, y eso se tiene que saber. Por eso resulta particularmente indignante que el sector político que generó dicha deuda, hoy pretenda dar lecciones sobre cómo solucionarla. Lo que una esperaría es que, antes de cualquier otra cosa, se sumaran al coro de voces que decimos con fuerza: nunca más en Chile. Lamentablemente, a 51 años del inicio del horror y el terrorismo de Estado, el negacionismo y la reivindicación de las fechorías de Pinochet gozan de buena salud.
La dictadura no se trató solamente de violaciones a DD.HH., porque toda esa violencia tenía un fin: Imponer un modelo económico y social, privatizar empresas y derechos sociales y hacer de Chile un experimento neoliberal extremo. Quienes mataron, torturaron, violaron e hicieron desaparecer, lo hicieron para hacer estas transformaciones sin la participación de la sociedad.
Espero podamos avanzar, transversalmente, en resolver esta herida abierta, reparando a 57 mil profesoras y profesores, en memoria de quienes se les ha ido la vida luchando y esperando. La pelota la tiene el Congreso, el Gobierno y el movimiento docente ya han hecho lo suyo. Hoy, el Congreso tiene la oportunidad de cerrar una herida y mirar al futuro. Espero que la tomemos, pues en esto también se juega nuestro compromiso democrático.
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