El compromiso de Girardi con Rendón

El lunes 24, el presidente del Senado, Guido Girardi, no tuvo más remedio que presentar una denuncia ante el Ministerio Público en contra del piquete de manifestantes que ocupó durante 10 horas las dependencias del Senado el jueves 20.

Esto llevó a Luis Mariano Rendón, jefe del piquete, a declarar que tiene en su poder un documento firmado por Girardi en el que este se comprometió a impulsar una reforma constitucional para establecer el plebiscito vinculante, pero que veía que él estaba borrando con el codo lo que había firmado con la mano.

“Yo creo –afirmó-, que una de las cosas más valiosas que puede tener una persona es hacerle honor a la palabra empeñada. Y nos da la impresión de que no es eso lo que está demostrando el senador Girardi” (Emol, 25 de octubre).

¿A qué documento se refiere Rendón? A un escrito que, bajo el título “Compromisos”, señalaba: “Los parlamentarios abajo firmantes se comprometen con la ciudadanía a impulsar con carácter de urgente un cambio a la Constitución que permita establecer el plebiscito vinculante para cualquier tema de interés público”.

Los firmantes fueron los senadores Guido Girardi (PPD) y Alejandro Navarro (MAS), y los diputados Sergio Aguiló (Maiz), Cristina Girardi (PPD) Gabriel Silber (DC) y Hugo Gutiérrez (PC).

No sabemos si alguno de ellos tuvo dudas sobre la legitimidad política y constitucional del paso que estaban dando, pero el hecho concreto es que crearon el penoso precedente de firmar “un compromiso” bajo coacción en la sede del Parlamento, siguiendo las indicaciones del propio presidente del Senado. Ni más ni menos.

Tal manera de actuar dejó al desnudo la incomprensión de los firmantes respecto no sólo de la función que desempeñan, sino de los fundamentos del régimen democrático.

Demostraron, entre otras cosas, que pueden ser intimidados por un grupo que grite suficientemente fuerte.

Cualquier diputado o senador tiene derecho a presentar un proyecto de reforma constitucional que proponga el plebiscito vinculante u otra enmienda.

Pero ese no es el punto, sino la facilidad con que seis parlamentarios, excitados por la atmósfera creada por la irrupción de un grupo de adolescentes aleccionados por un activista desinhibido, renunciaron a la autonomía que les concede la Constitución para tomar decisiones libres como representantes del conjunto de los ciudadanos.

Haber estado dispuestos a darles en el gusto a los ocupantes es simplemente bochornoso.

¿Era válido buscar la forma de que los manifestantes se retiraran pacíficamente? Por supuesto que sí.

No era válido que el presidente del Senado proclamara que, mientras él estuviera en funciones, la policía no ingresaría al lugar “porque es de los ciudadanos”, lo cual constituye una incitación para que diversos grupos opten por las vías de hecho para imponer sus posiciones.

Mucho menos válido fue que firmara el papel que firmó.

Si Rendón consiguió un compromiso de reforma constitucional, mañana puede ser el turno de un grupo de agricultores descontentos con el valor del dólar, de partidarios de restablecer la pena de muerte, o de militares en retiro que exijan el indulto de Manuel Contreras.

Precisamente porque el Parlamento es el lugar de todos los ciudadanos es que debe ser protegido de la acción de cualquier minoría audaz.

Rendón se ha definido como “indignado”, como si ese solo hecho le concediera superioridad de algún tipo para atropellar a los demás.

O sea, como si él tuviera el derecho a indignarse y nosotros la obligación de soportarlo. Los firmantes del texto han cohonestado una turbia expresión de autoritarismo.

El descrédito del Congreso Nacional es muy profundo. En todas las encuestas, aparece muy mal evaluado.

En ello influyen ciertas prácticas que han hecho escuela entre sus miembros: la estridencia rentable, los gestos para la galería y la creencia de que el Parlamento es casi lo mismo que la plaza pública.

El escrito preparado por Girardi para contentar a Rendón agudiza el descrédito. Es lamentable, porque el Parlamento es una institución fundamental del régimen de libertades y necesitamos que su autoridad no se siga debilitando.

La democracia recuperada en 1990 ha resistido varias pruebas, pero no queda sino constatar que puede ser socavada desde dentro de sus instituciones. No podemos aceptarlo.

Tenemos que asegurar que el Congreso Nacional sea un ejemplo de civismo, de diálogo, de respeto por las personas, de protección del interés colectivo, de búsqueda de soluciones a los problemas del país.

Ojalá que se produzcan las rectificaciones que lo hagan posible.