El descriterio como criterio

La resolución de la Contraloría General de la República, que prohíbe a los municipios entregar autorización  para la realización de las iniciativas de recaudación solidaria, conocidas como Bingos, provocó un malestar ciudadano de amplias repercusiones.

No es del caso caer en la exégesis de  si el organismo contralor cumplió o no, sus atribuciones constitucionales, las que indican que "ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración", que pareciera ser que de ninguna manera se perturba gravemente con los bulliciosos y bien intencionados bingos, a través de los cuales la comunidad se reúne y exterioza sus sentimientos solidarios, sino que dado que ésta es una costumbre ya enraizada en el país, simplemente reflexionar si esta era la ocasión de interrumpirla tan terminantemente.

Por cierto, que excluyendo del buen uso de esta práctica a malandrines que los usen para fines repudiables, engañando a los vecinos y a la comunidad en general.

Para los efectos de estas líneas, vamos a utilizar el término descriterio según el diccionario, como "una pérdida del sentido de las proporciones" en la decisión tomada. En efecto, hoy son tan numerosas las circunstancias en que se aplica una "interpretación" opinable de la norma legal, por parte de una autoridad a la que el sistema institucional le confiere una determinada atribución, que todo indica que este no era el caso para hacer uso de un criterio tan rígido e inflexible.

Baste recordar la delicadísima controversia conceptual ocurrida hace sólo semanas, que tuviera en su centro al ex Director de Impuestos Internos, el que frente al "criterio" de proceder llevando a la justicia a quien o quienes defraudaran al Fisco incumpliendo sus obligaciones tributarias, dio a conocer con total convicción que su "criterio" era que Impuestos Internos era un ente "recaudador" y no "persecutor" de tales ilícitos. Sorprendente o no, fue un "criterio" seriamente expuesto a la opinión pública.

Asimismo, el país toma nota que se presenta la recolección irregular de fondos como "precampaña", amparándose tal argumentación en que los Partidos políticos y gente de buena voluntad hacen acciones o promueven ideas en función de apoyar tal o cual liderazgo, antes que comience el periodo establecido formalmente en la ley electoral.

Ante ello, la Presidenta Bachelet ha insistido que no autorizó tales preparativos, ni nunca pidió ni avaló ninguna "precampaña".

También está el ya habitual caso del ex Presidente Piñera, el que acostumbra al asombro de sus conciudadan@s con lo que llamaremos "diabluras" recaudatorias; estos últimos días ha sido público que aportes de terceros el año 2009, fueron utilizados pagando con dichas boletas (de un tercer consorcio) al Gerente de Chilevision, cuando ese canal de TV era de su propiedad. El afectado, antiguo ejecutivo del canal, ahora debe ir a juicio y se definió a sí mismo como "inmensamente huevón" por haber pisado ese palito.

Asimismo, no puedo dejar de mencionar el caso de un acérrimo pinochetista, actual senador de la República, que recurre a la presentación de un recurso de amparo, aquel socorrido recurso judicial de los opositores a la dictadura de su mentor, con el fin de no concurrir a los Tribunales de Justicia por "el raspado de la olla" o, financiamiento irregular, que recibiera para su campaña electoral a través de boletas fraudulentas.

Como si fuera poco, la legitimidad de la aprobación de la ley de pesca ha quedado completamente en duda, tramitada el año 2012, durante el gobierno del ya citado Sebastián Piñera, liderada por el flemático ministro de entonces Pablo Longueira, ahora se ventilan en los Tribunales de Justicia antecedentes que indican pagos del sector pesquero industrial, favorecido por dicho cuerpo legal, a parlamentarios que se desplegaron con vigor y esmero para asegurar su avance legislativo. Los términos soborno y cohecho parecen Imposibles de separar de tales hechos.

Tampoco el ámbito municipal queda libre, debido a las investigaciones del Ministerio Público relativas a sobornos, negociados y enriquecimiento ilícito de autoridades edilicias en las licitaciones de comunas tan significativas como Maipú y Cerro Navia, con los recursos fiscales destinados a la recolección de residuos domiciliarios y los servicios de aseo.

Se suma a la mala fama de quienes abusan del poder el grupo dirigente del fútbol profesional, arrastrado por el escándalo que sacude a la ya famosa pero no santa FIFA, que asombra por la técnica de los chanchullos de platas y no por su labor profesional.

Volviendo al ámbito legislativo, se tramita una ley para terminar con la reelección indefinida de los diputados y senadores, pero a pesar que ya se aprobó en la Cámara y está en el Senado para concluir su aprobación, de las declaraciones de los líderes en el debate e impulsores de la idea se entregan dos versiones: una que no habrá más reelección y la otra que sí se podrá tenerla. Más confusión.

Además, se denuncian asesorías impropias en el sector minero o mal uso de los recursos fiscales para las labores de asesoría a los parlamentarios que culmina en un desafuero para un senador o en la formalización de un diputado por fraude al Fisco.

Este escenario por momentos insólito es el que hace imposible e insensata una conjetura de ciertos grupos que se precian mucho de su opinión y que, por tanto, se autodefinen como "influyentes", es una insinuación, como un sueño, la del "perdonazo", la de cerrar los ojos y "comenzar de nuevo", que se produce en los humanos que, ante un error irreparable, se pudiese despertar y comprobar que todo no ha sido más que una terrible pesadilla.

Sin embargo, cuando se han cometido yerros tan lamentables, se tienen que asumir, y eso significa que a cada cual corresponde tanta responsabilidad, como la que sus actos determinan.

Hoy, hay que fortalecer la plena y normal marcha del país y ello exige el respeto irrestricto a las normas institucionales que nos rigen. Todo otro debate sobre supuestas pasadas  de cuentas, francamente no viene al caso y sólo podría expresar angustia o desesperación.

O sea, chilenas y chilenos alegan por actos impropios, irregularidades, u otras operaciones fraudulentas, que esta decisión de la Contraloría refleja un descriterio, una desproporción, ya que los ciudadanos sin cargos ni fortuna, observan que a ellos les tocan normas legales, que nunca se les había aplicado, pero que a los que tienen "poder" se les otorga un trato que se convierte de facto en abusivas prerrogativas y odiosos privilegios.

Desde Facebook:

Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado

Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
Columnas recientes
Columnistas