“Los populistas, de derechas o de izquierdas, ofrecen soluciones falsas a problemas reales”. (Michael Ignatieff)
En un dolor de cabeza se transformó para el Gobierno, la moción parlamentaria que busca autorizar, vía reforma constitucional, el retiro del 10% de los fondos previsionales en caso de un estado de catástrofe.
La reciente aprobación del proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados, con el voto favorable de parlamentarios de la UDI y RN, da cuenta del desorden al interior de la coalición de Gobierno y de la incapacidad del Ejecutivo por poner orden en sus filas. Pero, más grave aún, deja en evidencia el abierto populismo e irresponsabilidad de los parlamentarios que lo apoyan, tanto de izquierda como de derecha. Pareciera que la borrachera de la demagogia afectó a muchos parlamentarios por igual.
Tal como es imprudente conducir bajo los efectos del alcohol, por el peligro que conlleva para el conductor y terceros inocentes, es asimismo de una enorme ligereza pretender legislar en temas tan sensibles y delicados, como es el retiro de fondos de jubilación, bajo el influjo de la demagogia.
Los síntomas de ambas borracheras son similares: una merma en la capacidad de toma de decisiones y una gran dificultar para reaccionar o razonar. A ello se suma, que sus efectos son similares, no sólo afectan a quienes toman la decisión de embriagarse, sino que también al resto de la población. Es decir, una y otras tienen víctimas colaterales.
Parece evidente que ni siquiera las numerosas voces que llaman, por razones técnicas y jurídicas, a rechazar el proyecto, evitarán que, al menos, en la Cámara de Diputados, se siga avanzando en este proyecto de enormes y perjudiciales repercusiones.
Destacados ex ministros y expertos nacionales se han manifestado en contra del retiro del fondo de pensiones por ser desigual y regresivo.
Los organismos internacionales son categóricos en señalar que esta medida tendrá un impacto negativo en las pensiones futuras (“pan para hoy, hambre para mañana”) y, por ello, sugieren no implementarla.
La OCDE, por su parte, señala que retirar hoy el 10% de los fondos ahorrados por una persona, puede perjudicar hasta en un 9% el valor final de la pensión. A ello, se suman, además, razones de orden constitucional que deben ser debidamente ponderadas.
Es indudable que no estamos frente a un problema técnico, sino que a uno eminentemente político.
Para una gran mayoría de parlamentarios (esos mismos que figuran colistas en todas las encuestas), estas últimas justifican plenamente renunciar o ignorar a las primeras, no obstante las amplias y concluyentes evidencias sobre los efectos nocivos del proyecto.
Para muchos, el Sistema de AFP representa el buque insignia del modelo económico chileno. Hundirlo significa, para sus detractores, el primer paso para darle un golpe mortal al modelo, con la mezquina complicidad de parlamentarios oficialistas, quienes no reparan en el grave daño que le causan al Gobierno, a la coalición y al país.
Este caso ilustra como la Cámara ha dado nuevamente una muestra de inmadurez e insensatez política, avalando con ello a quienes promueven un sistema parlamentario unicameral.
Se entiende, pues, porqué los proyectos de ley terminan resolviéndose, por lo general, en el Senado.
Aunque la Cámara Alta, en si misma, no es ninguna garantía de éxito, al menos hay mayor prudencia, responsabilidad y esperanza de que los argumentos técnicos y jurídicos sean debidamente ponderados y analizados a la hora de resolver sobre este proyecto. Apelo a la sobriedad (política por cierto) y sentido común de los senadores. El futuro de nuestro país está en sus manos.
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