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La corrupción contra la democracia

Llegó "marzo", y no se recupera la legitimidad del sistema político, como consecuencia del clima creado en torno a los casos de faltas a la ética y de corrupción. En Viña, los humoristas se burlaron de los políticos, de las malas prácticas y de la debilidad en un tema esencial: que las funciones públicas sean en bien de la comunidad y no para un ilegal enriquecimiento personal.

Surge la duda si acaso la irreverencia o el desparpajo no dañan al país o las instituciones; en realidad, el respeto y el cuidado de la institucionalidad es un bien mayor, que sólo se preserva garantizando el ejercicio de aquellos derechos que son fundamentales, sin los cuales no hay democracia. La libertad de expresión es uno de ellos, esencial e irremplazable. Si ella faltare ¿quién podría tener la autoridad para ser el censor que coarte o límite a los demás?

En democracia, la libertad de expresión es un instrumento al que los ciudadanos no pueden renunciar; en particular, cuando los hechos son graves y las acciones de respuesta no logran dar la certeza de justicia para mitigar la desafección y la rabia que se ha acumulado en la sociedad.

Es un clima que genera estridencia y una retórica descalificatoria que más parece tratar de colapsar el sistema que político que rectificar las malas prácticas, como una venganza del resentimiento que prefiere el regocijo individual al bien común del país. Paradojalmente, son personeros del propio mundo político los más activos detractores de la acción política que debiesen honrar y no debilitar deliberamente. Se busca un aplauso fácil.

En todo caso, los chistes más punzantes no ponen en peligro la estabilidad democrática, de ningún modo, seamos claros, la política no ha tenido respeto de sí misma y las malas prácticas se transformaron en su propio y principal enemigo. En consecuencia, el humor contestatario debiera tomarse como un llamado a reponer la legitimidad de la política y su función social en bien del país.

El problema es que las personas demandan una respuesta resuelta y a fondo, porque aun cuando no todos sean cientistas políticos, resulta evidente que el trastorno producido por las denuncias de sobornos a través de boletas fraudulentas, la colusión de grandes corporaciones, el manejo de precios en contra de los consumidores, las maniobras para evadir los impuestos que se deben pagar y, ahora estafas financieras a gran escala, en fin, esta rueda de escándalos que no deja de girar, indica como nunca se conoció antes, la acción de intereses corporativos para anular el rol del Estado e impedir el bien común.

La desafección salta a la vista, la corrupción socava el régimen democrático de convivencia. La cultura tradicional del país, de apoyo mutuo y solidaridad, tantas veces menoscabada superficialmente por "provinciana" fue dejada atrás, el turno está en manos del afán de dinero fácil y rápido, que un analista de la más reciente estafa denominó "codicia".

Entonces, es el país en su conjunto el que está ante un desafío mayor y la estrechez de miras en el ámbito político, lo hace aparecer como "pequeño", sin la altura suficiente para enfrentar este dilema nacional. Es tal la entidad del problema que figuras y personeros políticos de polos claramente opuestos del tablero nacional, han definido el año 2015, como el "peor", en sus respectivas vivencias políticas.

Pero, el bombardeo noticioso de casos de corrupción no se reduce a esta larga y angosta faja de tierra, entre cordillera y mar, llamada Chile, sino que impacta con noticias bochornosas provenientes de países vecinos y de todo el globo terráqueo. La imagen del ex Presidente Lula de Brasil, arrestado por la policía es de un impacto devastador.

Las informaciones de Alemania y el escándalo de los fabricantes de automóviles de Perú y la colusión de empresas navieras de Argentina; la manipulación del mercado cambiario de Brasil y el uso de la estatal del petróleo para todo tipo de sucios manejos de México y  la corrupción a gran escala por el narcotráfico, de Bolivia por tráfico de influencias; en suma, hay estupor por el imperio de mercados desregulados o la ausencia de controles públicos, y  el abandono de la responsabilidad de Estado por una irrefrenable codicia.

La defensa del interés nacional o social, como fundamento de normas aceptadas por todos como legítimas, viene a ser lo que finalmente queda en duda; si el sistema opera con verdaderos "ductos" que sacan los recursos hacia cuentas particulares, en paraísos fiscales, o se evidencian mecanismos que permiten que un minúsculo sector viole o anule durante años las reglas en su favor, naturalmente, se abre la ruta para que todos quieran hacer lo mismo, lisa y llanamente, no respetar a nadie ni a nada.

El problema necesita una respuesta de mayor consistencia, no sólo legal o jurídica. En particular, la izquierda en América Latina debe erradicar tales perversas deformaciones que son un lastre para su vocación democrática y su convocatoria popular. Es un desafío político e institucional estratégico.

Se sitúa en la Agenda la vieja idea que "uno para todos y todos para uno" como norma de vida. Ante la híper concentración del poder económico resurge la ética social de que "habrá patria para todos o no habrá para ninguno". Por eso, el tema de la legitimidad de la democracia se ha instalado en el centro de la escena. Esa es la clave, la tarea que se debe resolver.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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