Los incentivos equivocados y el éxodo de ministros

Con la salida de Luciano Cruz Coke de Cultura y de Joaquín Lavín de Desarrollo Social ascienden a cinco los ministros que han abandonado recientemente el gobierno para sumarse a las campañas políticas con miras a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Los dos recientes ex ministros se añaden a Andrés Allamand, Pablo Longueira y Catalina Parot, quienes ya habían dejado el gobierno para dedicarse de lleno a la campaña.Cuando todavía quedan diez meses de administración de la Alianza, un cuarto del gabinete decidió abocarse a lo que viene después de marzo de 2014 sin pensar en lo que resta del periodo de gobierno de Sebastián Piñera.

El síndrome del pato cojo, como se conoce a la pérdida de apoyo de un gobierno cuando se aproxima a su fin, se ha vuelto más preocupante debido al progresivo acortamiento del periodo presidencial. En la reforma constitucional de 2005 se aprobó en forma unánime acortar la presidencia de 6 a 4 años, sin posibilidad de reelección inmediata.

Ya por los años 80, buscando explicar el quiebre de las democracias latinoamericanas, algunos cientistas políticos llegaron a la conclusión de que el régimen presidencial parecía menos estable que el parlamentario debido a la posibilidad de conflicto entre el presidente y el Congreso, la rigidez de los periodos fijos del mandato y los incentivos de corto plazo para la acción política.

El español Juan Linz puso especial énfasis en los incentivos de corto plazo que genera el régimen presidencial, particularmente cuando los gobernantes no pueden proyectarse en un segundo periodo, lo que genera dificultades para poner en marcha políticas públicas de mediano aliento.

Con el fin de mostrar resultados inmediatos, quedan relegadas todas aquellas materias que, siendo importantes, no permiten cosechar logros que exhibir ante la próxima elección.

Este no es un problema de un gobierno en particular, sino de las reglas del juego tal como están definidas hoy.

En el actual gobierno, el gabinete ha servido como trampolín de candidaturas presidenciales, lo que ya venía ocurriendo bajo la Concertación.

Una insuficiente regulación de las incompatibilidades permite que el gobierno virtualmente se vacíe de sus figuras más emblemáticas ante la proximidad de la elección.

No cabe duda que esta situación es negativa para el actual gobierno. Pero, lo que es más grave, refleja problemas de fondo que perjudican el funcionamiento del sistema político chileno.

Más allá del debate por la salida de estos ministros, la coyuntura actual podría ser una invitación a un debate serio sobre el papel de los ministros, las incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos y los mecanismos para contrarrestar los fuertes incentivos de corto plazo que evidencia nuestro sistema presidencial.