Los responsables del escándalo de La Polar

Como es natural en estos asuntos, el caso “La Polar” ha destacado inicialmente en la prensa más por sus efectos que por sus causas. Esto último recién comienza a revisarse: ¿Qué permitió la ocurrencia de un escándalo de estas proporciones en una compañía que era el orgullo de los empresarios del comercio, cuyos ejecutivos principales eran premiados por la comunidad de negocios nacional?

Este escándalo apunta y reclama a profunda y seria una reflexión nacional sobre la ética empresarial chilena; la incapacidad fiscalizadora de las autoridades competentes; la inadecuada regulación que norma un mercado de capitales cuya morfología ha variado sustantivamente; y, sobre todo, respecto de las razones de fondo de por qué la comunidad de negocios no ejerce sus derechos de manera clara y rotunda en los tribunales ordinarios de justicia.

¿Quiénes y cómo se reparten la responsabilidad en las causas concurrentes en este caso?

En la primera línea de fuego están los directores: personas que, con nombre, apellido y patrimonio para responder, pareciera que no hicieron “la pega”.

Resulta difícil creer que en un negocio tan esencial para esa empresa, los directores no tenían detallado conocimiento de lo que pasaba aguas abajo. Los gerentes hacían y deshacían, es cierto, pero desde las multas en el caso FASA, la SVS dejó claro aquello que la academia ya pregonaba hace años: los directores no tienen sólo el derecho de informarse, si no también, la obligación de hacerlo.

Es decir, no pueden alegar el desconocimiento a menos que dejen constancia de su oposición en actas de sesiones de directorio o que inmediatamente denuncien el fraude de quien les oculta la información.

Sin embargo, estamos conociendo en estas últimas horas, que el directorio aprobó explícitamente las políticas de crédito, de modo que es vergonzoso perseverar en la teoría del desconocimiento sin pretender inducir al engaño de la opinión pública.

Las formas con que se ha conducido comunicacionalmente el directorio de La Polar, en realidad no son la causa del problema, pero agravan las proporciones escandalosas de este caso y hieren el sentido común del ciudadano común y corriente. Por eso es que cunde la indignación y la inquietud nacional.

¿Qué se concluye de esto? Hay que volver sobre la Ley de Sociedades Anónimas y revisar urgentemente la matriz de responsabilidades de los directores y reformular su estándar de diligencia debida.

No muy lejos de los directores, está la empresa de auditoría externa. La simple revisión de los reportes de control interno de La Polar, los informes de la operación y cartera de emisión de tarjetas de créditos, y las certificaciones de los estados financieros a partir de las auditorías realizadas, son de una miopía escalofriante.

Que una empresa internacional, especializada y que cobra muy caro por este servicio, no capture faltas de más de USD400 millones en el negocio esencial del auditado, es inaceptable. Interesantemente, la Ley de Mercado de Valores fue recientemente modificada para mejorar la regulación de las auditoras y conviene preguntarse que siguió fallando aquí.

Un poco más allá en la línea de la responsabilidad se encuentran las empresas clasificadoras de riesgo.

¿Pueden los tenedores de bonos volver a dormir tranquilos con los análisis de estos agentes del mercado de valores? Difícil. Parece que lo mismo que vivió EE.UU. con la crisis subprime, lo estamos viviendo ahora en Chile. Tenemos que preguntarnos por el valor de los reportes de estos clasificadores otorgados en estas condiciones. La SVS definitivamente tiene que empeñar más trabajo en esta área para preservar la fe pública que ha sido, sin duda, sometida a un duro cuestionamiento popular.

No muy lejos están los analistas de diversas casas de inversión.

Ya todos comentan en el mercado la atemorizante temeridad con que varias corredoras de bolsa recomendaron la compra de acciones de La Polar hasta incluso, un día antes que estallara el escándalo… y, como si no bastara, una vez desencadenado el desastre bursátil, algunas de éstas sugirieron a sus clientes la compra de más acciones para esperar el rebote y paliar, así, la pérdida provocada por su propia recomendación previa.

¡Hay que tener sangre fría para darse estas licencias! Sin embargo, lo anterior es entendible si se reconoce que los inversionistas que canalizan sus ahorros siguiendo las recomendaciones de esas casas de inversión, no las penalizan, no ejercen sus derechos, y no demandan en juicio cuando se sienten lesionados en sus derechos o patrimonio por estas recomendaciones tan desacreditadas por los hechos subsiguientes.

¿Qué los paraliza, qué los atemoriza? ¿Influencias? ¿Contactos? ¿Los costos jurisdiccionales? ¿La lentitud y falta de certeza de las resoluciones?

Por eso, el Gobierno tiene que avanzar más decididamente en las exigencias y certificaciones de idoneidad técnica e independencia de juicio que son requeridos a los ejecutivos que trabajan en estas casas de inversión.

Lugar destacado en este concurso de errores lo tienen los reguladores. Tanto la SVS como la SBIF demostraron que no tienen “el músculo” ni “el ojo” para desplegar un control preventivo técnicamente efectivo y oportuno. Sus estructuras son anticuadas, desconocen la ciencia y la esencia de los negocios de quienes pretenden fiscalizar, y su visión de monitoreo está desactualizada.

Hoy el riesgo financiero trasciende y cruza fronteras entre distintos mercados –e.g., el financiero, el de valores, el de seguros, el de pensiones, el de instrumentos derivados, el de divisas, etc.-. Por tanto, es urgente reformar el sistema de control consolidando a esta multiplicidad de reguladores desintegrados que evidencian facultades traslapadas en algunos casos, junto a vacíos en otros, o con competencias desplazadas a otras agencias que las asumen con una autoridad jurídica y orgánicamente debatible –i.e., Banco Central, SERNAC, etc.

En este sentido, dos medidas que están en el horizonte del mercado desde hace años, deben materializarse sin más demora, a saber: primero, la creación de una Superintendencia de Mercado de Capitales que aglutine a todos los reguladores del ramo; y, segundo, la urgente reforma de las normas que regulan las presentaciones que se exige periódicamente a los emisores de valores de oferta pública para mejorar y profundizar el análisis, y afinar la mirada generando núcleos de inteligencia interna en esa institución, que se focalice en los negocios operados por sus fiscalizados.

Efectivamente, se comprueba que existe un notable vacío o problema de eficiencia de la vieja regulación aplicable al mercado de capitales chileno.

Resultó dolorosamente evidente que una emisora de tarjeta de crédito de casa comercial no es distinta a un Banco; por tanto, deben tener regulaciones similares, provisiones y reservas equivalentes y consolidar sus bases de datos para una mejor administración del riesgo sistémico.

Los cabilderos que ayer alegaban que las casas comerciales prestaban lo suyo y no captaban dinero del público ahora guardan avergonzado silencio.  La Polar captaba del público, tanto con series de bonos y otros títulos de deuda, como con gigantescas emisiones de acciones ofrecidas públicamente en el mercado de valores. Lo anterior agregado a un sinnúmero de créditos bancarios.

Esto ha comprometido gravemente la fe pública y se incrusta en la médula misma del mercado de capitales chileno. Entonces, si bien La Polar no tenía “chapa” de banco, es obvio que si operaba como uno, pero completamente “desregulado” para los parámetros de su relevancia en el riesgo sistémico del mercado financiero local. Esa asimetría competitiva debe corregirse ¿Acaso se necesita más evidencia para comprobar que la regulación establecida a mediados del decenio pasado no sirve; es insuficiente?

Argumentan que el problema de fondo es la ausencia de un accionista controlador.

¿Acaso las Chispas de Enersis en los 90 no tenían controlador, o Inverlink no tenía uno, o las farmacias coludidas no tenían controladores fuertes, o las líneas de buses son anónimas, o LAN multada en extranjero no tiene un controlador evidente a la fecha de las infracciones?

En mercados desarrollados conviven sin problemas, empresas con y sin controlador definido. Ni pensar en la meca del capitalismo: EE.UU. ¿Alguien conoce al controlador de la Coca-Cola? Entonces que se haga provecho de estos escándalos para introducir “temas de contrabando” y “echarle agua al molino propio”.

En lo concreto: simplemente no existe evidencia empírica seria y consistente, que pueda sostener que la existencia de un controlador accionario es un seguro eficiente contra el fraude corporativo o la incompetencia de los órganos administradores. La causa en realidad es puramente la irresponsabilidad y, pero, la impunidad comercial.

Al contrario, la desmesurada concentración del poder accionario –está comprobado- sólo contribuye a profundizar la brecha social de desigualdad económica, induce a la falta de competitividad, provoca iliquidez de los mercados y anticipa una mayor volatilidad bursátil.

Hoy ya se especula con la quiebra de La Polar y algunos se apuran en decir que el elefante es muy grande para caer. Lo mismo decían en Wall Street a cerca de Enron, AIG, Lehman Brothers. Y tantos otros que cayeron en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si cae La Polar, que lo sea en cumplimiento de un Estado de Derecho vigoroso en que se defienda el interés de los débiles y de los poderosos, como iguales.

El camino al desarrollo es entendido usualmente como una forma de acceder a mayor bienestar y al fortalecimiento de múltiples derechos civiles, pero se olvida que también implica mayores responsabilidades.

Así, como en tantas otras materias, Chile requiere un consenso nacional expreso sobre la necesidad de avanzar a otro nivel de excelencia y compromiso de crecimiento sustentable, no sólo en lo ecológico, sino también en lo social, como en lo económico; basado siempre en la defensa de la libertad absoluta e inalienable de cada individuo, pero también en la rigurosidad a la hora de hacer valer las responsabilidades civiles, políticas y comerciales de cada uno… como se dice por ahí: “hasta las últimas consecuencias”… o, como se dice ahora, hasta que llegue un “telefonazo de Palacio” o se arreglen las cosas “como caballeros” en el club de golf o en algún restaurant de moda.

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