Proyecto Uber, hecho a la rápida, ambiguo y débil

Leopoldo Pérez

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Movilizaciones masivas y confusos enfrentamientos en las calles marcaron el debate en torno a la legitimidad de aplicaciones móviles, como Uber y Cabify.De hecho, pasaron varios meses hasta que -¡por fin!- el Gobierno envió un proyecto que moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros.

Tarde, bien tarde lo hizo. En la actualidad ya circulan más de 33 mil prestadores de este tipo de servicio, mientras el gremio de taxistas acusa una disminución del 45% en sus ingresos. Como en toda disputa, está claro quienes aprovecharon con creces este vacío legal.

Resulta incomprensible que después de tantos meses y en medio de un fuerte conflicto, el Gobierno presente un proyecto que a todas luces está hecho a la rápida. Basta leerlo con detención para detectar que es ambiguo, incompleto y débil, y que en este momento sólo sirve a las autoridades para salir del paso.

La iniciativa, que hace mención a un reglamento que elaborará el ministerio de Transportes, determinará las exigencias a cumplir por los vehículos que operen con plataformas como Uber y Cabify. Según el texto, se requerirán elevados niveles de confort y tecnología, pero no hay especificaciones técnicas, ni parámetros de calidad, o incluso montos de inversión para quienes quieran ingresar o permanecer en el negocio. Tampoco se mencionan plazos, por lo que esta discusión pareciera que se extenderá, en forma intencional, más de lo deseado.

Los invito a hacer el siguiente ejercicio de comparación. Cuando una persona quiere vender galletas o sándwiches en un carrito, por ejemplo, debe cumplir con altas exigencias sanitarias, además de pagar patentes y permisos municipales.

En cambio, a estas plataformas que ofrecen el servicio de transporte de personas, es decir, su trabajo compromete también la seguridad de los usuarios, apenas se les pide una licencia. No hay regulación laboral ni tampoco en materia tributaria. Con ello, se genera entonces una competencia desleal por donde se mire.

Un aspecto que me parece también relevante discutir es su sesgo elitista y discriminatorio. En uno de sus artículos, la regulación señala que los conductores de estas plataformas tecnológicas no podrán, bajo ninguna circunstancia, aceptar o solicitar pagos en efectivo.El mecanismo a usar entonces será con tarjetas bancarias, a las que por su condición socio-económica, no todos los chilenos tienen acceso.

Con estos antecedentes, mi postura será firme en la discusión de este proyecto para mejorarlo sustancialmente, porque no podemos fomentar las irregularidades en las actividades económicas. Hay harto paño que cortar. Hoy no estoy dispuesto a entregar un cheque en blanco para aprobar este proyecto.