Suprimir ahora

Hay que suprimir ahora el maridaje entre política y dinero. Este es uno de los factores de mayor debilitamiento de la democracia, en cuanto sitúa bajo sospecha los actos y decisiones del sistema político que se ven cuestionados por la asociación espuria de una alianza de poder, prácticamente incontrarrestable, de los que detentan el poder económico y el de quienes deciden las políticas públicas.

Esta alianza ilegítima acentúa la indefensión en que se sienten las personas ante toda suerte de abusos de que podrían ser objeto ante este temible binomio, debido a que si en un Estado de derecho democrático el dinero se apodera de la política y condiciona la conducta de las instituciones destinadas a cautelar la legalidad y la probidad pública, dichas entidades habrán sido manipuladas y puestas a servir un interés específico, abandonando su misión fundamental: asegurar el bien común.

De modo que estamos ante un tema de fondo, la política democrática debe preservarse como una acción por encima de los afanes particulares de los diferentes actores que interactúan en la sociedad; su gran tarea es precisamente dar un cauce en que se resuelvan las aspiraciones de las partes resguardando el interés de todos.

Es tarea esencial del régimen democrático hacer valer el bien común, ese es el pilar de su legitimidad; sobre esa base puede cuidar y exigir el respeto a la paz social, en la medida en que con procedimientos  legítimos, informados e imparciales se resuelvan las disputas y controversias, atendiendo al interés general y no al poderío  económico o corporativo de alguna de las partes.

De modo que los abusos monopólicos, las colusiones y atropellos a los consumidores, así como, la intervención del dinero en la política son verdaderas cargas explosivas en los pilares del sistema político en democracia.

En el caso que provoca la polémica actual, conocido como Pentagate, si dinero mal habido se utiliza para distorsionar la voluntad ciudadana y alimentar un mayor poder de representación parlamentaria, acentuando las diferencias de recursos monetarios que usen ciertas candidaturas, se está procediendo a distorsionar el ejercicio de la soberanía popular con medios ilegítimos, por cuanto en nuestro país se aprobó, con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias, un sistema de financiamiento de las campañas electorales que obliga al conjunto del sistema político a su debido respeto.

En tal sentido, ante la gravedad de los hechos que se investigan lo decisivo será el veredicto de los Tribunales y la correcta aplicación de sus atribuciones, de manera que no haya sospecha de uso parcial o interesado de la situación que se ha producido. No puede haber ningún tipo de perdonazo, tendría un rechazo categórico en el país.

Asimismo, tampoco es el camino una suerte de campo de descalificaciones mutuas que agravan el cuestionamiento que hoy enfrenta el ejercicio de la política, afectando la institucionalidad democrática.

Ello se refleja en las redes sociales, siendo notorio que en ciertos comentarios se repite la idea que quienes se dedican a la política son en su totalidad corruptos y ladrones.Cuidado con tratar de sacar ventajas pequeñas, que acaben descalificando al voleo y haciendo de la acción política un mamarracho irreconocible.

No olvidemos que el desencanto puede vaciar de contenido social la participación ciudadana que vigorice y fortalezca la estabilidad institucional; de manera que, sin perjuicio, de la labor de las instancias judiciales, hay que abordar la tarea de como  la actual legislación se podría mejorar, lo que en mi opinión es posible, a lo menos en los siguientes aspectos centrales

-En el límite del gasto electoral, generando mecanismos efectivos para el control por el servicio electoral, de forma de frenar la espiral de gastos que está haciendo de las campañas un campo para que se inviertan fortunas.

-Aplicar sanciones tan drásticas como la pérdida del escaño a los que violen la ley y hagan tabla rasa de sus responsabilidades con el país.

-Logrando transparencia en los aportes privados a las diferentes campañas.

Aún falta para las próximas elecciones, de modo que existe un tiempo legislativamente apropiado para rectificar y modificar las normas legales que rigen los procesos electorales.

Sin interferir en el aspecto judicial que es materia a resolver por las instituciones autónomas que corresponden, esta ocasión debiese permitir las correcciones necesarias, de mayor fiscalización y control que nuestro país espera.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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