Terminemos con los abusos

Un verdadero calvario. Un drama que afecta a miles de chilenos que ven, con indignación e impotencia, cómo arrendatarios de sus bienes dejan de pagar y se niegan, además, a abandonar dichos inmuebles, provocándose en muchos casos situaciones límites, que llegan a remates o endeudamientos familiares de graves consecuencias.

Buscando terminar con estos abusos y mejorar los derechos de los propietarios de inmuebles arrendados, presenté un proyecto de ley que modifica la normativa que rige dichos contratos, acortando los plazos en los juicios que les permiten recuperar el inmueble y expulsar a quien no les paga la renta.

Hoy la norma protege más a los deudores morosos que a los propietarios, por eso necesitamos modificar la ley de arrendamiento de predios urbanos.

Según las estadísticas oficiales, anualmente se tramitan 15 mil juicios de término de contrato de arrendamiento por no pago de rentas, pero como sólo uno de cada cuatro casos se judicializa, estamos abordando una situación que afecta a casi 60 mil familias en Chile, que con mucho esfuerzo se han endeudado para adquirir un bien raíz, con el fin de generar un nuevo ingreso para el hogar. Este es un nuevo problema social que legislativamente se debe resolver.

Dentro de las normas que afectan a los propietarios, están los excesivos plazos que existen para cada una de las etapas de dichos juicios, los que pueden durar hasta 10 meses, además de 3 meses adicionales para ejecutar la sentencia, recuperando el inmueble con auxilio de la fuerza pública y expulsando de el al deudor.

Por ello, este proyecto acorta el plazo total a 3 o 4 meses pues modifica procedimientos que dilatan la tramitación, disminuyendo significativamente la extensión de estos juicios, limitando así los abusos que hoy viven muchas familias.

Además, la actual legislación establece que debe ser el propietario (arrendador) quien debe notificar la suspensión de servicios básicos domiciliarios, por medio de un receptor judicial, a las empresas que lo suministran.

Así, si el arrendatario no ha pagado los servicios de agua, luz y gas, el propietario debe gastar por cada notificación para que esas cuentas no le sean cobradas. Por ello, hay que modificar esta normativa, estableciendo que será el tribunal, quien mediante un oficio a las empresas en cuestión, informe esa situación.

Afortunadamente, he logrado el apoyo de varios integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pues comparten la idea que ellas irán en directo beneficio de muchas familias que han sufrido el abuso de arrendatarios morosos que han dilatado por meses la devolución de la vivienda que ocupan. Espero que el gobierno entienda este problema como un tema social y le ponga urgencia a su discusión.