Un gobierno que destruye empleos
El reciente informe del Banco Central ha puesto en blanco y negro lo que por meses se venía advirtiendo desde distintos sectores: el mercado laboral chileno atraviesa una crisis profunda, con una pérdida significativa de empleos formales y con un golpe particularmente fuerte a las mujeres, quienes han visto más restringidas sus oportunidades de inserción laboral.
En lugar de asumir con seriedad y responsabilidad las advertencias del ente emisor, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha optado por descalificar el informe con argumentos meramente políticos y de campaña. Lo que se espera de la autoridad en estos momentos es reconocer la magnitud del problema y proponer soluciones reales, no relativizar la gravedad de los datos para proteger decisiones políticas mal diseñadas.
La realidad es que la combinación del aumento acelerado y desproporcionado del salario mínimo con la implementación de la jornada laboral de 40 horas ha generado un cóctel que ha deteriorado la capacidad de las empresas, en especial las pymes, de mantener y crear empleo formal. Los costos laborales se han incrementado de manera significativa, sin que existan compensaciones efectivas ni medidas de apoyo suficientes. El resultado está a la vista: más personas en la informalidad, más chilenos buscando un trabajo estable que no encuentran, y un retroceso en la participación laboral femenina que resulta particularmente doloroso para la equidad de género que tanto se declama en el discurso oficial.
Es cierto que todos aspiramos a mejores salarios y a mayor conciliación laboral, pero las políticas públicas deben implementarse con gradualidad, equilibrio y visión de sostenibilidad. De lo contrario, se convierten en una trampa que castiga a quienes más se quiere proteger. Una cosa es tener buenas intenciones y otra muy distinta es transformar esas intenciones en políticas que destruyen empleo y precarizan la vida de miles de familias.
El Gobierno no puede pretender tapar el sol con un dedo. No es el Banco Central el responsable de esta crisis laboral. No son las cifras las que "mienten". La verdad es que estamos frente a una administración que se niega a reconocer sus errores, porque hacerlo significaría admitir que sus banderas emblemáticas se han convertido en un obstáculo para la recuperación económica y el empleo en Chile.
Cada vez que este Gobierno interviene, genera daño. Lo vemos en el empleo, en la seguridad, en la economía y en la confianza del país. La evidencia es clara: las decisiones adoptadas desde La Moneda han terminado por asfixiar a los emprendedores, desalentar la inversión y golpear con más fuerza a quienes dependen de un ingreso formal para sostener a sus familias.
Por eso, en la próxima elección presidencial y parlamentaria, Chile tiene una oportunidad crucial de dar un giro. Necesitamos un gobierno que construya y no que destruya; un gobierno que entienda que el empleo formal y digno es la base de cualquier proyecto de desarrollo; un gobierno que deje de jugar a la política chica y que devuelva la esperanza a las familias chilenas.
El tiempo de las excusas se acabó. Hoy el país requiere un rumbo distinto para volver a flote, y esa decisión estará en manos de los ciudadanos en las urnas.
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