Licencia de conducir en Chile: el laberinto kafkiano de conseguir una hora

Carolina Figueroa Cerna

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Durante las últimas semanas de diciembre, en medio del ajetreo de fin de año, emprendí junto a Ras, un amigo cercano, una misión que -en teoría- no debiese ser difícil: encontrar una hora para renovar su licencia de conducir. Lo que parecía una diligencia sencilla se transformó en un recorrido frustrante por sitios web colapsados, teléfonos que no responden, portales que indican "vuelva a intentarlo el sábado a las 10:00" o "el 15 de cada mes se agendan las horas del mes siguiente", y esperas virtuales donde los cupos desaparecen en segundos. Llevamos más de seis meses buscando sin éxito.

Lo más grave es que esta situación no es nueva, ni excepcional, ni azarosa. La viven cientos de miles de personas a lo largo del país, atrapadas en un sistema municipal que no da abasto para responder a la demanda acumulada por la renovación de licencias postergadas durante la pandemia.

Durante la emergencia sanitaria, y como medida de alivio frente a la saturación municipal, el Congreso aprobó una serie de prórrogas legales que extendieron automáticamente la vigencia de las licencias vencidas en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Según la norma, esas licencias deben ser renovadas en 2025 y 2026 según su fecha original de vencimiento. Pero lo que debía ser una solución temporal se ha convertido en un problema estructural, cuyas consecuencias ya están siendo enfrentadas por los propios usuarios: no hay disponibilidad, no hay sistema que aguante, no hay canales alternativos reales. Estamos frente a un sistema que colapsó... y que seguimos estirando.

Y lo más preocupante: es que ya se discute extender también las licencias vencidas en 2025 y 2026 hasta 2027, repitiendo el mismo ciclo de parche sin resolver la raíz del problema.

¿Y qué ocurre mientras tanto? La prevención en seguridad vial pierde fuerza, legitimidad y capacidad operativa. Las licencias de conducir, que deberían ser un instrumento de validación periódica del conocimiento, condiciones físicas, psicológicas y habilidades de manejo, se transforman en un documento sin control real ni trazabilidad efectiva.

Esto es grave por varias razones:

1. Se erosiona el principio de legalidad: las personas quieren cumplir, pero no pueden. El Estado, lejos de facilitar, se convierte en una barrera para respetar la norma
2. Se abren espacios a la informalidad y al mercado negro: no es casual que proliferen anuncios en redes sociales ofreciendo cupos "especiales" o incluso venta fraudulenta de licencias, aprovechando el vacío de respuesta institucional
3. Se debilita la fiscalización: ¿Cómo exigirle a un conductor que tenga su documentación al día, si ni siquiera puede obtenerla por los canales formales?

¿Y no habíamos avanzado? Este año se anunciaron importantes medidas modernizadoras: la licencia digital, que comenzó su implementación en septiembre en la Región Metropolitana y luego se extendió a otras regiones; la incorporación de nuevos requisitos por la futura Ley Jacinta, como la declaración jurada de condiciones de salud físicas y psíquicas; y la articulación del Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos con los procesos de obtención o renovación de licencias.

Todos estos avances, en el papel y la foto, suenan bien. Pero su implementación real requiere sistemas digitales robustos, interoperabilidad entre bases de datos, capacitación municipal, presupuesto, supervisión y fiscalización. Ninguno de esos elementos hoy está resuelto.

Lo advertimos durante las sesiones del Cosoc, lo hemos planteado a las autoridades y lo hemos visibilizado en múltiples espacios: modernizar sin garantizar capacidad de implementación es solo maquillar la precariedad.

El problema es sistémico. Existe una profunda desconexión entre lo que el Estado promete y lo que sus servicios pueden ejecutar. La Dirección de Tránsito de una municipalidad no puede absorber de golpe cinco años de licencias prorrogadas sin personal adicional, sin sistemas automatizados, sin plataformas unificadas. Y si bien se aplaude el concepto de la licencia digital, no basta con habilitar un QR en una app si el sistema para obtener la licencia sigue siendo el mismo embudo que no da abasto.

Esto no ocurre solo con las licencias. Lo vemos también con la Ley CATI, promulgada hace más de dos años y aún sin reglamento. O con la Ley EAT, que debería regular las plataformas digitales de transporte, pero sigue sin implementarse.

¿Cómo hablar de prevención si el sistema no permite cumplir? Esta es la pregunta más dura que recibí estos días: ¿Qué hacemos si queremos cumplir con la ley? Y no supe qué responder. Porque no se trata solo de castigar al que maneja sin licencia. Se trata de preguntarnos ¿qué hizo el Estado para garantizar la posibilidad de cumplir?

Cuando la ciudadanía ve que lo legal se vuelve inalcanzable, cuando se le exigen responsabilidades sin ofrecer condiciones mínimas para ejercerlas, se instala una sensación peligrosa: la percepción de que la norma es letra muerta, y que la solución está fuera del marco legal.

Eso, en seguridad vial, es el peor de los mundos. ¿Podemos exigir una conducción segura si el sistema está atrapado? Sí, podemos. Pero eso exige replantear el enfoque completo. Necesitamos:

• Aumentar el financiamiento a las Direcciones de Tránsito municipales, priorizando las que tienen mayor carga y menor dotación
• Unificar las plataformas de solicitud y renovación, permitiendo inscripción y validación de documentos en línea, con agendamiento eficiente
• Aplicar auditorías externas al funcionamiento de los sistemas y establecer protocolos de contingencia
• Garantizar interoperabilidad entre la licencia digital y otras bases del Estado, evitando duplicidad de trámites.

No podemos pedirle al ciudadano que cumpla si no hay condiciones para hacerlo. No podemos hablar de seguridad si el sistema promueve la precariedad. No se puede prevenir si no se puede acceder.

Este 2026, partamos por lo básico. Que renovar una licencia no sea un laberinto kafkiano. Que modernizar no sea una palabra vacía. Que las leyes no sean promesas eternamente incumplidas. Porque prevenir es una responsabilidad compartida, que empieza -sí- por el propio Estado.