Reducción de la discrecionalidad presidencial en política exterior, desafío urgente
Chile enfrenta hoy un entorno internacional marcado por una creciente inestabilidad. Las rivalidades entre grandes potencias, el debilitamiento del multilateralismo, las tensiones comerciales y las guerras han erosionado las relativas certezas que caracterizaron al orden internacional posterior a la Guerra Fría.
En este escenario, los países de tamaño medio, como Chile, requieren políticas exteriores particularmente cuidadosas, profesionales y estratégicas. Sin embargo, la arquitectura institucional chilena mantiene un rasgo problemático: una elevada discrecionalidad presidencial en la conducción de la política exterior.
El diseño constitucional vigente otorga al Presidente de la República amplias atribuciones para dirigir la política exterior y designar, sin contrapesos institucionales relevantes, al ministro de Relaciones Exteriores, a los subsecretarios de esa cartera y a los embajadores. Esta concentración de poder puede resultar funcional en momentos de estabilidad internacional o bajo liderazgos particularmente prudentes. No obstante, en contextos de alta incertidumbre global y ascenso de liderazgos populistas en el plano nacional, la ausencia de mecanismos de control o deliberación institucional puede traducirse en decisiones improvisadas, nombramientos poco idóneos o definiciones estratégicas basadas en criterios coyunturales.
La experiencia reciente sugiere que este problema no es meramente teórico. Durante los primeros años del gobierno del Presidente Gabriel Boric se observaron episodios que reflejaron cierto grado de improvisación en la política exterior. Algunas designaciones de embajadores generaron cuestionamientos respecto de su preparación diplomática, mientras que ciertas posiciones iniciales en materia internacional estuvieron marcadas por un idealismo político que no siempre se alineó con los intereses estratégicos del país. En diversos momentos, la política exterior pareció privilegiar gestos simbólicos, o posicionamientos normativos (en ocasiones alejados del rol de mediación que tradicionalmente a jugado Chile) por sobre prioridades estructurales, como la atracción de inversión extranjera industrial de alta complejidad (véase fracaso de los proyectos de fabricación de baterías), la implementación efectiva de acuerdos comerciales o la cooperación regional en torno a fortalecer las políticas de seguridad y control migratorio.
Sin embargo, el problema trasciende a un gobierno específico. Las señales provenientes del Presidente electo, José Antonio Kast, también revelan riesgos asociados a la excesiva discrecionalidad presidencial. Algunas de sus posiciones iniciales sugieren una subordinación política excesivamente alineada con el gobierno de Donald Trump, cuya evolución política marcada por indicadores económicos volátiles, aprobación pública en caída libre, conflictos con desastrosos impactos globales (como lo que está ocurriendo en Irán) y eventuales resultados adversos en elecciones de medio término, podría generar efectos imprevisibles en el equilibrio político internacional y en el propio movimiento de la extrema derecha a nivel global.
Asimismo, determinadas controversias diplomáticas recientes, como la contenciosa discusión en torno al proyecto de cable submarino con participación china, pueden generar acciones de retaliación por parte de nuestro principal socio comercial. Ni que hablar el nivel de tensión que podría ocasionar con el Gigante Asiático la implementación de un mecanismo de screening a la inversión, hecho a la medida de los intereses norteamericanos.
Otras iniciativas anunciadas durante la campaña presidencial también han revelado dificultades de viabilidad diplomática. La propuesta del Presidente Kast de establecer un corredor migratorio regional fue rápidamente descartada por Ecuador y Perú, evidenciando los límites prácticos de propuestas populistas que en su momento pueden tener alta amplificación por parte de los algoritmos de las redes sociales. De igual forma, la reciente tensión diplomática con el presidente Lula da Silva a propósito del evento de cambio de mando, han introducido fricciones innecesarias con uno de los principales socios políticos y económicos de Chile.
En conjunto, estos episodios reflejan un problema estructural: la política exterior chilena depende excesivamente de las preferencias, convicciones o estilos personales del Presidente de turno. Considerando a autores como Margaret G. Hermann y Christopher Hill, la política exterior no puede ser campo de juego de la impulsividad, sesgo psicológico o interés corporativo de una sola persona. A su vez, en este contexto internacional convulso, diversos liderazgos han destacado la importancia de fortalecer la autonomía estratégica y coordinación de las potencias medianas, como lo ha propuesto el primer ministro canadiense Mark Carney.
En esa línea, resulta urgente una reforma constitucional que obligue al Presidente a obtener la aprobación, al menos del Senado de la República, para la designación del ministro de Relaciones Exteriores, de los subsecretarios de dicha cartera y de los embajadores. Incluso, considerando la creciente interdependencia entre política exterior, seguridad y defensa nacional, podría evaluarse extender este mecanismo a la designación del ministro de Defensa.
Este tipo de reformas no constituyen una anomalía institucional. En diversas democracias, como Brasil, México y Corea del Sur (ni que decir en las democracias parlamentarias europeas, en donde se requiere una mayoría legislativa para la designación completa de un gabinete), los parlamentos cumplen un rol activo en la confirmación de autoridades responsables de la política exterior y de defensa. Estos mecanismos de control no debilitan al Ejecutivo, por el contrario, contribuyen a elevar los estándares profesionales de los nombramientos, promueven consensos políticos básicos en materias estratégicas y fortalecen la credibilidad internacional de los Estados.
Chile ha construido durante décadas una reputación internacional basada en la seriedad de su diplomacia, el respeto al derecho internacional y la estabilidad de su inserción económica global. Preservar ese capital institucional exige reconocer que el contexto internacional actual demanda instituciones más robustas, asegurando que las decisiones más sensibles del Estado cuenten con un mínimo de deliberación democrática y respaldo institucional.
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