Discapacidad en Chile 2030: gobernar sin retroceder

Álvaro Besoain Saldaña

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Chile enfrenta un desafío persistente en la continuidad de sus políticas públicas, incluidas las vinculadas a la discapacidad. Más allá de los legítimos cambios en la conducción política y en las prioridades del Ejecutivo, el país ha experimentado, durante al menos dos décadas, virajes sustantivos en la orientación política cada cuatro años. En 2026, ese escenario se repetirá. Sin embargo, la evidencia acumulada en los estudios sobre discapacidad y en la evaluación de políticas públicas es clara: existe un desafío estructural que no admite retrocesos. Se trata de avanzar desde un conjunto disperso de normas y programas sectoriales hacia una política pública integral, articulada e intersectorial, capaz de garantizar efectivamente derechos en salud, educación, trabajo, cuidados y participación social.

Este diagnóstico fue puesto en discusión pública durante el evento "Discapacidad y ODS 2030. Mesa redonda interdisciplinar hacia un desarrollo inclusivo sostenible en Chile", realizado el 17 de diciembre de 2025 en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, organizado por el Núcleo Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile y patrocinado por el Servicio Nacional de la Discapacidad. En dicha instancia se presentaron los resultados del proyecto "Habilitando la equidad e inclusión en discapacidad". El análisis, sustentado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Agenda 2030, evidenció un consenso transversal: Chile ha avanzado en los marcos normativos, pero persisten brechas profundas en la accesibilidad universal, la desigualdad territorial, la fragmentación sectorial y los sistemas de información insuficientes para evaluar el cumplimiento efectivo de los derechos.

Un elemento central de este diagnóstico es la necesidad de superar una aproximación que conciba a las personas con discapacidad únicamente como beneficiarias de políticas públicas. La CDPD establece con claridad que deben participar activamente en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas que les conciernen. No se trata de un gesto simbólico, sino de una condición de efectividad: las políticas construidas sin la experiencia vivida de la discapacidad tienden a reproducir barreras y soluciones parciales. En Chile, ya contamos con personas con discapacidad con formación por experiencia, técnica y profesional en múltiples ámbitos; esto debe ser reconocido e incorporado en la toma de decisiones públicas.

Desde esta base, el informe propone tres líneas estratégicas complementarias. En primer lugar, transitar de un enfoque programático a uno estratégico y de garantías, con estándares nacionales vinculantes en educación inclusiva, salud integral, apoyos a la autonomía, sistemas de cuidados y accesibilidad universal. En segundo término, fortalecer las capacidades institucionales e intersectoriales, incorporando la discapacidad en ámbitos históricamente ajenos a esta agenda, como la gestión del riesgo de desastres, el empleo, las culturas y las artes, y la planificación territorial. Finalmente, avanzar en un sistema nacional de información y reporte sobre discapacidad, con datos desagregados, interoperables y comparables, que permita planificar, monitorear y evaluar el cumplimiento efectivo de los derechos.

De cara a un nuevo ciclo de gobierno, la experiencia internacional reciente advierte sobre los riesgos de regresión. En contextos de crisis fiscal, gobiernos, especialmente de orientación conservadora, han impulsado ajustes que han tensionado las políticas de discapacidad, convirtiendo a este grupo en una de las primeras zonas de recorte. Sin embargo, Chile cuenta con una tradición institucional relevante: el respeto al Estado de Derecho y a los compromisos internacionales ratificados que no se puede olvidar.

Avanzar hacia un desarrollo inclusivo sostenible no exige desmantelar lo construido, sino consolidar, articular y garantizar. No es una agenda que busque ser impuesta a nadie; es más, es un consenso de alta política. La evidencia comparada es clara: retroceder en discapacidad no reduce costos, los desplaza y profundiza desigualdades. La pregunta que enfrenta Chile no es ideológica, sino ética y política en su sentido más profundo: si seremos capaces de definir políticas de discapacidad a escala de Estado.