Es inmoral seguir con este sistema de salud
La discusión que se avecina en materia de reforma a la salud tendrá como tema de fondo, nuevamente, la dicotomía entre el Mercado y el Estado. O dicho de otro modo, entre lo público y lo privado.
Para quienes promueven las soluciones privadas, la salud es un asunto individual, que debe ser resuelto por cada persona de acuerdo a sus capacidades económicas, con seguros ajustados a cada cual, y concentrando la acción del Estado en aquellos que no pueden pagarlos.
Este modelo segrega a la población, no es justo ni equitativo, porque los riesgos de cada persona son diferentes, de acuerdo a edad, sexo, condiciones de salud o lugar de residencia. Tampoco es eficaz ni eficiente, porque desatiende la promoción y la prevención y presiona los costos al alza.
Quienes sostienen esta visión, ignoran - u omiten - que la salud está mayormente determinada por condicionantes sociales, económicas y culturales. En la vereda del frente, estamos los que pensamos que más salud se logra con más igualdad en las condiciones de vida y no sólo previniendo o atendiendo enfermedades individuales.
Es cierto que el sistema sanitario público, tanto en su red primaria como secundaria, presenta problemas. Pero también es necesario reconocer que, con los recursos que posee, se hace cargo de una demanda siempre creciente e intenta responder de la mejor manera a escenarios cada día más complejos y exigentes
Además, subsidia al sistema privado a través de diferentes mecanismos ya sea mediante la compra de prestaciones o acogiendo a aquellos pacientes que cotizaron en el sistema privado toda su vida mientras permanecieron sanos.
Por años hemos escuchado que las soluciones de calidad a los problemas de salud de los chilenos las proporciona el sistema privado.
La gran mayoría de los chilenos cotiza en Fonasa y utiliza el sistema público de salud. No sólo porque las Isapres sean eventualmente más caras, sino también porque no siempre ofrecen las soluciones adecuadas para los problemas de las familias chilenas.
No es posible ni ético seguir fomentando un sistema que castiga a las mujeres jóvenes y en edad fértil o a quienes presentan enfermedades preexistentes. Además, y mayoritariamente en regiones, incluso quienes pagan elevados planes en las Isapres deben llegar a los hospitales públicos en caso de reales emergencias que el sector privado no está en condiciones de resolver.
Esta visión, por cierto, no es compatible con el enfoque solidario imprescindible para lograr soluciones de fondo a los problemas de la salud en Chile.
La salud es un derecho que el Estado debe ser capaz de garantizar y para lograrlo debe actuar en tres grandes líneas.
Impulsar políticas globales enfocadas en los problemas de salud actuales y futuros, que crucen de modo transversal todas las políticas públicas: más educación física en los colegios, ley de etiquetados 2, impuestos al alcohol, azúcares, combate a la contaminación, prevención de accidentes, educación sexual, entre muchas otras iniciativas.
Constituir un sistema de salud público universal e integral, que atienda a toda la población, organizado en redes territoriales a partir de la Atención Primaria de Salud, con participación protagónica de la comunidad.
Avanzar hacia un sistema de financiamiento solidario integrando las diferentes cotizaciones obligatorias hoy existentes, más impuestos generales, hasta alcanzar al menos 8% del PIB, de acuerdo a los estándares internacionales.
De esta manera, Chile aseguraría a todos sus habitantes acceso igualitario y gratuito a la atención de salud, incluidos los medicamentos, manteniendo la posibilidad de atenderse en “libre elección” con aranceles regulados.
La atención primaria de salud, presente en todos los territorios del país, debe ser reforzada para poder resolver consultas por especialidades más frecuentes y ampliar la atención dental y de salud mental, especialmente en adolescentes y personas mayores, considerando siempre un mayor rol de la comunidad en los distintos programas, en particular en la promoción y prevención.
Para todo ello es indispensable establecer un nuevo per cápita, que aborde diversas variables de la población, principalmente sanitarias, pero también socioculturales, priorizando municipios con mayor ruralidad o riesgo social.
Además de reforzar la atención primaria, el aumento de recursos del sistema público se destinará a mejorar la atención hospitalaria, sin negocios internos, con polos regionales y con mayor capacidad de resolución de interconsultas y cirugías. Asimismo, sería posible potenciar la interacción entre ambos niveles de atención, y ampliar el acceso a medicamentos gratuitos o regulados en su precio, de tal manera de disminuir el gasto de bolsillo.
Las Isapres y los seguros individuales deben seguir existiendo como seguros complementarios con aportes adicionales de quienes quieran hacerlos, pero el 7% de la seguridad social debe ser puesto en común para financiar el sistema público universal e integral.
Esta es la reforma de salud que proponemos. Sabemos que requiere tiempo e ingentes recursos que el país deberá estar en condiciones de solventar. Constatamos que existe un amplio consenso con buena parte del arco político y con el conjunto de actores incidentes como universidades, funcionarios y colegios profesionales. Los usuarios organizados y un creciente movimiento social demandan una reforma profunda.
En lo inmediato, estamos abiertos a considerar soluciones o mejoramientos parciales dentro del actual sistema de salud, pero en la medida en que estos cambios aporten a fortalecer el sector público y, en ningún caso, a destinar más recursos para el sector privado.
Coautora, Soledad Barría, ex ministra de Salud y Coordinadora del programa de salud del Instituto Igualdad.
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