Quienes trabajamos en prevención social entendemos que se requieren condiciones mínimas para una intervención de largo plazo que logre los efectos deseados. Pretender instalar un modelo preventivo sin antes recuperar los territorios en dominio de organizaciones criminales no sólo es poco efectivo, sino que además involucra riesgos en los equipos y en las comunidades. Hoy la niñez está en permanente riesgo en zonas de exclusión social y por ello es fundamental desarticular las organizaciones criminales entendiendo sus dinámicas de poder.
El crimen organizado, como la mayoría de las actividades altamente lucrativas, depende en gran parte de la confianza en un líder capaz de manejar distintos ámbitos del negocio. Por ello una organización compleja, sin un liderazgo definido, queda a la deriva. Ese cabecilla puede estar preso, pero decide y actúa como si no existieran cercos, valiéndose del estándar garantista de los derechos fundamentales para precisamente vulnerar el primero de todos, el derecho de cada ciudadano a vivir libre de violencia, donde haya respeto irrestricto al Estado de Derecho.
Hoy son cerca de un millar estos "líderes" que operan desde las cárceles, gestionando extorsivos que "protegen" y ejercitan una forma bien remunerada de custodia que suma ingresos superiores -incluso- a la distribución de drogas. En la cárcel están fuera del alcance del Ministerio Público y libres de la supuesta "inteligencia" que no opera intramuros, gozan de complicidad e indulgencia para imponer sus reglas y remotamente son capaces de decidir la vida o muerte en las calles, donde su mano es la sombra que ejerce el dominio absoluto, la que ordena el reclutamiento, la trata y la explotación de niños.
Hoy podemos actuar. Aún estamos a tiempo. La violencia del crimen organizado amenaza, no sólo la convivencia y la seguridad, no sólo el orden público, por si eso fuera poco, sino que pone en riesgo absoluto nuestra democracia. El narco busca instalar la asimetría en la respuesta del Estado., a sabiendas de los límites que pretenden no vulnerar derechos humanos, porque obviamente cuenta con ello. Precisamente, la misma inacción del Estado frente al narco e, incluso, los espacios abiertos a la corrupción, deben llevarnos a reflexionar cuánto de ello también constituye una violación a los Derechos Humanos de millones de ciudadanos.
Si queremos hacer un cambio, primero debemos actuar con inteligencia en las cárceles, cortar el vínculo de los líderes con sus organizaciones en los territorios. Para ello es importante segregar y limitar al máximo los derechos de estos cabecillas, en particular visitas y comunicación, monitorear estrechamente su conducta. En segundo lugar, y entendiendo que hay conocimiento territorial de la operación de sus bandas, actuar con decisión en el allanamiento y desarticulación de esas organizaciones, recurriendo a todos los mecanismos legales del uso de la fuerza.
Y, en tercer lugar, recuperados los territorios, fortalecer la inversión social e instalar dispositivos de prevención con foco en la niñez y adolescencia. Operativos de esta naturaleza dejan descabezadas familias completas, no caigamos en el error de abandonar a su merced a esos niños, pues podrían "heredar" el rol de líderes de organizaciones cada día más violentas. La tríada cárcel-territorio-prevención asoma como un camino viable y urgente para detener el avance del crimen organizado. No sigamos llegando tarde.
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