Delincuencia y desigualdades vitales
El combate a la delincuencia se ha tomado, y probablemente durante largo tiempo, la agenda pública nacional. La inquietud ciudadana se ha traducido en una serie de nuevos hábitos que han terminado por modificar los comportamientos y las pautas sociales. El reciente y deleznable asesinato de una carabinera convierte lo anterior en una nueva tragedia.
Se trata de un problema de larga data, agravado por distintas circunstancias, en el que todos los actores políticos han tenido que demostrar su férrea voluntad de hacer frente al asunto, y sintonizar, de esta manera, con la preocupación de la ciudadanía.
El gobierno ha debido asumir una serie de medidas e iniciativas contra la delincuencia. La promulgación de una legislación inédita contra el crimen organizado constituirá un gran avance. Sin embargo, ante las demandas de medidas territoriales y operativas, la misma puede parecer lejana.
La oposición, por su parte, ha retomado lo que sabe decir y hacer: la "mano dura", que -acorde a los tiempos- tiene distintas versiones. El alcalde Carter con la demolición de las "casas narco", como antes Lavín con torres de vigilancia y botones de pánico, ha tomado la nueva vocería del sector en este asunto. Es evidente que su puesta en escena ha copado la agenda de los últimos días. Lo reactivo de las respuestas de los actores críticos, muestra, más bien, que lleva la iniciativa; toda vez que no se observan, con claridad, cuáles serían las alternativas.
Sin embargo, para el gobierno, en el marco de su programa de transformaciones sociales, no debería existir una interrupción en su propio relato, entre la lucha contra la desigualdad y el combate contra la delincuencia. No solo debido la convicción de qué menores desigualdades sustantivas son el mejor antídoto para alcanzar una mayor paz social, sino también porque las económicas, no son las únicas desigualdades fundamentales entre los ciudadanos. Incluso la relevancia estructural de estas, no se condice, necesariamente, con la que puedan vivenciar diariamente los ciudadanos. La estructura de las desigualdades de clase se desvía subjetivamente, ahora, en múltiples direcciones.
Actualmente, la inseguridad, la desprotección y el uso tranquilo de espacios públicos, forman parte de las desigualdades más sentidas. Estos factores condicionan las experiencias vitales y las emociones que las acompañan. Las críticas morales, a iniciativas calificadas como populistas, resultan insuficientes cuando existen razones para la irritación y no se implementen, con claridad, alternativas al mismo nivel. Por eso, la justificada frustración, encuentran, en medidas como las del alcalde, expresión y representación.
Pero estas no son las únicas pasiones a las que se puede recurrir.
Es necesario representar y convocar otras emociones positivas y no solo las iras e indignaciones. Frente a la irritación y la impotencia, que tienden a ser reacciones pasivas y digitales, se necesitan convocar a otras pasiones, tales como la responsabilidad, la solidaridad y la esperanza. Organizadas en cientos de experiencias y voluntades que, día a día, trabajan en los mismos territorios afectados. Se ha escrito mucho sobre la subjetividad neoliberal y mucho menos sobre la subjetividad popular.
Estas desigualdades cotidianas pueden ser llegar a ser más vitales que las estructurales. Y pueden ser más difíciles de otorgarles sentido y expresión, ya que las representaciones sociales están dominadas por un nuevo individualismo que destruye identidades colectivas y solidaridades. La incapacidad de las sociedades de actuar sobre sí mismas es la fuente de todos los populismos.
El puente de Avenida La Paz, con numerosos y diarios informes periodísticos sobre la habitual delincuencia en el sector, conecta dos comunas, cuyas principales autoridades pertenecen a dos gobiernos locales progresistas. (Santiago y Recoleta). Esa podría ser una buena oportunidad, mediante la colaboración virtuosa, para establecer experiencias exitosas, alternativas eficaces y progresistas, a fin de abordar, con otras opciones, esta urgente demanda al desigual acceso a seguridad y protección.
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