El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos
Los versos que popularizó Pablo Milanés están más vigentes que nunca. Hace unos días el informe “An Aging World: 2015”, elaborado por la oficina de Censo de EE.UU., nos recordó que Chile demorará apenas cuatro décadas en llegar a los niveles de envejecimiento que a Francia le tomó 157 años.
Jamás los chilenos habíamos vivido tantos años. La pregunta ahora es si el país quiere hacerse cargo de tamaño desafío.Hemos avanzado en importantes materias como, por ejemplo, contar con una institucionalidad dedicada al fomento del envejecimiento activo y el desarrollo de servicios sociales para las personas mayores como es Senama; tener un sistema de salud que cuenta a través del GES con beneficios específicos para adultos mayores; haber incorporado en la reforma previsional de 2008 un pilar solidario que mejoró las pensiones de los jubilados, e incluso a nivel de derecho internacional, participar activamente en laelaboración de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
No obstante, el epílogo de cada una de esas historias sería poco auspicioso si se tuvieran que escribir hoy. Si bien Senama ha aumentado su presupuesto en los últimos años, aún no despega institucionalmente como exige el panorama que advierten los estadounidenses: el servicio no cuenta con direcciones regionales, le faltan atribuciones, no existe el cargo de subdirector nacional y, por estos días, sigue sin director nacional después de la renuncia de Rayén Inglés en marzo.
El GES, por su parte, es un esfuerzo importante, pero insuficiente para la población mayor, pues atiende de manera parcelada –por patología – y con enfoque curativo, siendo que la meta de una vejez saludable no pasa necesariamente por la ausencia de enfermedades, sino por mantener la funcionalidad, con un enfoque integral que implica un estado completo de bienestar físico, mental y social. Lo dice la OMS.
La reforma previsional fue un espaldarazo para los ingresos de los mayores, sin embargo, la buena noticia se diluye al calcular sus gastos promedios. Un estudio chileno en 2015 mostraba que los mayores que reciben pensión básica solidaria deben, en promedio, 10 veces el monto de su jubilación y que el 60% de los ingresos de la población entre 60 y 65 años es para pagar medicamentos.
Por último, es verdad que la Convención fue respaldada desde el comienzo por el Estado chileno y rápidamente suscrita por el gobierno en junio pasado. Lo incomprensible es que desde entonces no haya habido voluntad política para ratificarla y obligarse así a salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores.
Hemos avanzado, es cierto. Pero no podemos seguir aplaudiendo lo que se ha hecho. Es tiempo de ponerse pantalones largos, dejar de pensar que es un tema emergente y que reciba prioridad.
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