Por Rodrigo Avilés

El cuerpo de carabineros de Chile es una de las instituciones que goza de mayor prestigio y credibilidad en el país. Esto se explica por la sólida formación ética de sus miembros y por la cercanía que mantienen con los problemas de la gente. Sin embargo, informes del Centro de Derechos Humanos de la UDP y del Instituto Nacional de Derechos Humanos se manifiestan francamente críticos de la manera en que Carabineros, y las Fuerzas Especiales en particular, cumple su labor de mantención del orden público frente a las movilizaciones sociales.

El tipo de presencia que desarrollan la Fuerzas Especiales, el uso desmedido de gases lacrimógenos, la acción inmediata, de oficio, y casi siempre excesiva frente a eventos de protesta social en un tema que llama muchísimo la atención de las personas que visitan nuestro país y frente al cual desgraciadamente los chilenos parecemos haber perdido nuestra capacidad de asombro. 

La violencia ejercida el 21 de mayo recién pasado contra estudiantes que se manifestaban a cara descubierta, en que la joven Paulina Estay fue brutalmente agredida y el estudiante Rodrigo Avilés quedó entre la vida y la muerte, nos obligan a volver a reaccionar frente a a estos hechos, que ya se tornan demasiado recurrentes.

Por otra parte, es evidente que la labor de la policía carece de lo que en términos policiales se denomina inteligencia, o parece no interesarse en la protección de los ciudadanos que protestan pacíficamente. Su  ineficiencia para enfrentar a los grupos delincuenciales que se infiltran en las manifestaciones pacíficas es de antología.

Los llamados “encapuchados”, a pesar de ser un pequeño grupo, actúan con total libertad desarticulando las manifestaciones y provocando daño no sólo a la propiedad pública y privada, sino a la legitimidad de las demandas de los manifestantes.

No es admisible que estas situaciones sigan repitiendose. Generar un debate amplio acerca de si los criterios de utilización de la fuerza policial en la mantención del orden público están cumpliendo con los estándares constitucionales y legales vigentes es una cuestión prioritaria en el contexto actual en que miles de jóvenes salen a las calles a manifestarse.

Al respecto, el país haría bien en escuchar las recomendaciones que han formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con las relatorías de Derechos de la Niñez y de Libertad de Expresión, que al igual que INDH y la UDP han recordado que la protesta social implica el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y de reunión, y que muchas veces la protesta es el único recurso del que disponen grupos sociales para expresar sus demandas.

De hecho, en el último Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, el año 2014, las naciones recomendaron a Chile sancionar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones sociales.

El Gobierno tendrá que enfrentar el problema.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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